La idea de que en nuestro país existe una «industria del juicio» en el mundo del trabajo, muy utilizada por el Gobierno de Javier Milei para hacer avanza una muy regresiva reforma laboral, ha calado hondo mediática y políticamente. En las últimas horas tres cámaras empresariales reclamaron a la Justicia que se modifique el cálculo de las tasas de interés que deben abonar en caso de indemnizaciones por juicios laborales. Por otra parte, estadísticas oficiales de la Justicia del trabajo demuestran que no hay tal «industria» y que en realidad en los últimos diez años apenas litigó el 1,9% del universo de trabajadores.
Las cámaras empresariales que pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revea la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Ciudad de Buenos Aires y modifique el cálculo de intereses en el pago de juicios laborales son La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).
En esta presentación, que no es la primera en este sentido (hubo una anterior en julio 2023), se apoyan en una resolución de la CSJN estableció la «irrazonabilidad» de la tasa de interés aplicada previamente, estableciendo que «en la causa, la capitalización periódica y sucesiva de intereses ordenada derivó en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo».
En su escrito, las cámaras empresariales justifican: «La aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo. De esta manera, se ocasiona una afectación de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas».
Pero, más allá de algunos casos puntuales, las estadísticas judiciales del ámbito laboral muestran que no existe una «industria del juicio» que pueda hacer peligrar la continuidad productiva o llevar a la quiebra a alguna empresa. Por el contrario, la gran mayoría de los conflictos laborales no llegan a instancias judiciales. En las estadísticas de los últimos diez años (2014-2024) de la Cámara Nacional del Trabajo se muestra que se emitieron 257.011 sentencias definitivas (unas 25 mil anuales), lo que sobre un universo laboral de cerca de 13 millones y medio de personas, implica apenas un 1,9% de esa masa. Además, casi la totalidad de los reclamos apuntan contra las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y no contra las empresas.
