La Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) anticipó que en los próximos días anunciará un plan de lucha escalonado y sorpresivo por el incumplimiento de funcionarios del área de Transporte del compromiso para derogar el Decreto 870/18. “Nos vienen dilatando con lo acordado. Nuestra respuesta de protestas es acorde a los incumplimientos del gobierno”, sostuvo su titular Juan Carlos Schmid.
El decreto en cuestión, firmado durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, ordena la utilización de una única terminal operativa en el Puerto de Buenos Aires. El pasado 6 de marzo la Federación ya había lanzado un comunicado titulado “Los acuerdos se cumplen”, en el que reiteraba el pedido de derogación debido a que implica “prácticamente el desguace de dicho enclave portuario y por tanto la pérdida de capacidad de manejo en el comercio exterior para el país”.
FEMPINRA insiste con la derogación del decreto 870/18 y no descarta medidas de fuerza
Según explicaron desde FeMPINRA, esto significa “la puesta en riesgo de miles de fuentes de trabajo”. Al respecto, añaderon: “El decreto sigue consagrando el esquema macrista instaurado para el Puerto Federal de la Nación”.
En aquel documento, la FeMPINRA ya había denunciado que en el Gobierno existe “una notoria discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace” y que “en este escenario no se puede impedir que retomemos medidas de fuerza a raíz del lamentable incumplimiento de las autoridades”.
Ante la “nula respuesta” de las autoridades del sector y tras una reunión durante la semana pasada en la de la que participaron los diferentes gremios integrantes de la Federación para analizar las acciones seguir, se recordó que el 21 de abril y el 4 de noviembre del año pasado se llevaron a cabo medidas de fuerza para “exigir que se conforme una mesa de trabajo y ejecución política que abarque los ejes centrales que atañen a la navegación interior, el desarrollo de la industria naval y la ley de Marina Mercante nacional e impuesto a las ganancias”.
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Tras ambas medidas se firmaron actas de compromiso que establecían un plazo máximo de 120 días para la derogación. El 28 de noviembre el ministro de Transporte Diego Giulioano y la titular de Trabajo Raquel ‘Kelly’ Olmos firmaron un tercer compromiso, que también fue incumplido.“Hemos llegado a un punto donde, como los dirigentes sindicales, no queremos ya firmar ningún acta” sino “que se cumpla lo firmado”, concluyeron desde la entidad encabezada por Schmid.