Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), acompañado por el secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense Héctor Amichetti, llevó adelante este miércoles una videoconferencia en la que se evaluó la situación de los trabajadores que llevan adelante sus tareas con la modalidad de teletrabajo, se analizó el rol del Estado durante la pandemia y se recordó el quinto aniversario de la primera marcha por el “Ni Una Menos”.
Ortega destacó que desde el SECASPFI se considera que el teletrabajo implica una ruptura de los convenios vigentes y que, más en general, esa modalidad apunta a “romper un sistema solidario de los trabajadores”. “Si aceptamos eso, vamos a sufrir las consecuencias de la explotación y el individualismo”, insistió.
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El gremialista consideró que uno de los desafíos que plantea la pandemia es precisamente el de “dar la pelea contra la individualización”. En ese sentido, añadió: “Por lo menos en nuestro gremio, que es un gremio de servicio a la comunidad, nos equivocamos si empezamos a discutir si hay que hacer teletrabajo o no, hay cosas más profundas”. “Una de las cosas que hay que aprender de esta crisis es tratar de ser más solidarios y más empáticos con los problemas de la sociedad; hay que dar la discusión por la subjetividad y la función del trabajo”, insistió.
En cuanto al rol del Estado durante la epidemia de coronavirus, Ortega sostuvo que “el desafío que tenemos que asumir es tener un Estado mucho más presente. La inclusión no tiene que ser solo en términos de asistencia, tenemos que tener al Estado como herramienta y motor de las políticas industrialistas”.
Después de sumar a la charla a la diputada nacional María Rosa Martínez y a la diputada provincial Soledad Alonso (ambas del Frente de Todos), recordaron el quinto aniversario de la primera marcha por el “Ni una menos”, haciendo hincapié en que “el contexto de cuarentena obligatoria agudizó la situación endémica de violencia machista, por lo que creemos urgente y necesaria la promoción de políticas para la independencia económica y habitacional de todas las víctimas”. En ese sentido, exigieron la implementación de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y de estrategias para la prevención y erradicación de todo tipo de violencias hacia mujeres y diversidades sexuales.
