En el intento de suavizar la relación con el sector rural, el gabinete económico de Alberto Fernández, con Martín Guzmán y Matías Kulfas a la cabeza, junto al ministro de Agricultura, Luis Basterra, están definiendo los últimos detalles del ante proyecto de ley que intenta elevar las exportaciones a 100 mil millones de dólares anuales y es por ello que por estas horas están recabando información de las diversas mesas técnicas que estructuró el Consejo Agroindustrial Argentino a tal efecto.
En campaña se necesitan definiciones y este es un tema en el que se trabajó durante todo el año pero que pudo ser opacado por las tensiones existentes entre la gestión Fernández y los sectores cárnicos, molestos por las restricciones a las exportaciones de distintos cortes que se prorrogaron hasta el 31 de octubre.
El mismo presidente les habría explicitado la necesidad de que sea ley antes de fin de año porque fue una de sus promesas en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso “impulsar la producción y el trabajo” y les habría asegurado beneficios fiscales e impositivos para el avance del programa.
Cierto es que el Consejo Agroindustrial pacifica en parte la mala relación existente entre la Mesa de Enlace y el Gobierno, y en un grupo grande de organizaciones que tienen el visto bueno, incluso de la vicepresidenta. Este Consejo ha exigido “reglas claras y sostenibles en el tiempo” para desarrollar la actividad privada y ésta ley parece un instrumento muy importante a la hora de estimular “la exportación de bienes y servicios”, lo que promoverá la inversión y el empleo, dos cuestiones esenciales para la salida de la pandemia.
El plan de vacunación va a paso firme, con lo cual, las condiciones comienzan a estar disponibles para el crecimiento anhelado, única salida posible a una crisis de arrastre que ya lleva cuatro años consecutivos. En ese contexto, se espera el anuncio oficial desde el sector de la Agroindustria, que no se descarta podría ser en los próximos días.
