Por cuarta vez, el gobierno no logra el respaldo suficiente para avanzar en el proyecto de blanqueo laboral que intenta hacer ley desde el 2016. Ahora deberá esperar hasta después de las pascuas para avanzar en el plan que la CGT no está dispuesta a aprobar antes de verla y analizarla en forma integral.
El tratamiento del proyecto oficial que debía retomar este martes la comisión del Trabajo del Senado quedó bloqueado por la ausencia de los representantes de la central obrera y las dudas en sectores claves del empresariado, en donde hasta la noche del lunes mantenían entre cuatro paredes los últimos cambios a la iniciativa.
Esta situación convenció a los legisladores de aplazar hasta nuevo aviso la convocatoria a la comisión. Por este motivo, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, retomará las negociaciones en los próximos días para reflotar la reforma del mercado de trabajo con el aval del Congreso, un requisito exigido por el FMI en sus recomendaciones.
«No hay condiciones para que el Senado trate un proyecto que no discutimos en la CGT», confirmó a Iprofesional el abogado de la central obrera, Federico West Ocampo.
De acuerdo a sus dichos, nunca recibieron la versión oficial de las modificaciones que intentó presentar sobre tablas la semana pasada el senador de Cambiemos, Roberto Basualdo.
A lo anterior –cambios en algunos artículos en forma sorpresiva- se suma otro conflicto: una asamblea en rechazo a 37 posibles despidos en el área de sistemas de la secretaría de Trabajo.
Referentes de la CGT habrían confiado a EDA que la idea de formalizar el trabajo “en negro” es algo que “todos deseamos” pero en tanto sea un beneficio “para todos” y no solamente para las empresas.
En eso cuentan con el apoyo de la oposición en el Senado que, mantiene sus dudas sobre la viabilidad del proyecto oficial por entender que no puede salir «entre gallos y medianoche» y que algunos de sus artículos «vulneran derechos» de los trabajadores.
Por otra parte, el «blanqueo» sumó duros cuestionamientos de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) en un documento publicado hace 10 días, en el que aseguran que la nueva versión, si bien modifica o elimina contenidos «regresivos» de los proyectos presentados en 2017 y 2018, mantiene «falencias estructurales» en un contexto de crisis económica «con crecimiento de los despidos».
En un extenso documento los abogados laboralistas señalan que su finalidad es “rebajar en forma definitiva los importes indemnizatorios por trabajo no registrado o incorrectamente registrado, desfinanciar el régimen de la seguridad social y hacer recargar en los trabajadores y las trabajadoras los efectos de una crisis económica que ellos no generaron”.
Estas conclusiones a las que arribaron son las que el sindicalismo le va a enrostrar a la CGT si apoya la propuesta oficial, razón por la que viene dilatándose el tratamiento del proyecto, por eso más allá de las presiones del gobierno, los principales referentes de la central obrera continúan surfeando este escollo de final incierto.
