El más reciente informe de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) confirma que el número de beneficiarios de obras sociales nacionales alcanzó en marzo de este año los 15.380.000, lo que implica un aumento de 2,64% en términos interanuales. Sin embargo, la cifra todavía se ubica en 800 mil beneficiarios menos que los niveles previos a la pandemia.
Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME, afirmó que el fenómeno se explica por el deterioro del mercado laboral argentino, en un marco de crisis económica y fuerte aumento de la inflación, que afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas.
Diversidad de respuestas gremiales para lidiar con el déficit de sus obras sociales
Durante el último año, las diez principales obras sociales del país (OSECAC, OSDE, OSPRERA, UPCN, UOCRA, OSPE, OSUTHGRA, ASE, Mutual Sancor y UOM), que concentran casi el 43% de los afiliados, aumentaron sus plantillas en 3,11% (por encima del promedio de 2,64%), lo que muestra una tendencia a una mayor concentración.
Gómez Galizia consideró que esto se debe a que buena parte de las cerca de 290 obras sociales que operan en nuestro país no logran recaudar lo suficiente para cubrir aportes, contribuciones y el fondo solidario de redistribución, según el valor promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO). El costo del PMO hoy asciende a 5.257 pesos, pero solo el 38% de los beneficiarios de obras sociales nacionales cuenta con una cobertura cuyos ingresos superen esa cifra.
“El desfinanciamiento de las obras sociales tiene un impacto negativo en los beneficiarios, ya que afecta su acceso oportuno a servicios de calidad y compromete la capacidad de pago a los proveedores de servicios médicos. Esto significa que la atención de la salud de millones de argentinos y la sustentabilidad de las pymes prestadoras se ven comprometida”, concluyó el titular de CADIME.
“Este fenómeno se da por el deterioro del mercado laboral, que responde al impacto de la crisis económica y la inflación especialmente sobre las pymes, además de la presión fiscal, las dificultades en el acceso al crédito, y el elevado costo del empleo formal”, explica Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME.
