La Resolución 14/2018, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Energía Javier Igaucel, elimina el descuento del 10% que estaba vigente para quienes lograran un ahorro en el consumo de gas, recorta la tarifa social que reciben los sectores más vulnerables, aumenta el recargo con el que se compensa a las empresas gasíferas y modifica los beneficios para “entidades de bien público” como los clubes de barrio.
La iniciativa, que entraría en vigencia el próximo 1 de octubre, se enmarca en el plan de reducción del déficit fiscal comprometida por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y permitiría reducir en unos 2.350 millones de pesos los gastos energéticos previstos para el 2019, trasladando ese monto a los usuarios.
Según el Gobierno, el previo esquema de incentivos aplicado a partir de la “normalización” de precios iniciada en 2016 ya logró sus resultados, provocando un uso más eficiente y una caída en la demanda, por lo que ya no tiene sentido la bonificación del 10% en el precio del Gas Natural por redes y del Gas Propano Indiluido que recibían los usuarios que lograran reducir un 20% o más su consumo respecto del mismo período de 2015.
Como parte del paquete de ajuste, se eliminaron los topes porcentuales de aumentos máximos previstos, que apuntaban a mitigar el impacto de los tarifazos y prohibían aplicar incrementos mayores a un 300% para los usuarios R1-R23, 350% para los R31-R33, 400% para los R34 y 500% SGP. La justificación es que “los límites de incremento así previstos carecen en la actualidad de efectos prácticos, toda vez que las variaciones tarifarias no tienen una significatividad tal que tornen operativo el tope en la factura antes previsto para la mayoría de los usuarios residenciales”.
En cuanto a la tarifa social, se mantiene la bonificación para el “bloque de consumo base” establecido por zonas, pero estipula que ahora se deberá pagar el 100% del precio del consumo por encima de ese límite, mientras que antes se abonaba sólo el 75%. Desde la Secretaría de Energía se destacó que estos beneficios eran “medidas excepcionales”.
También se aumenta de 2,58% a 2,96% el recargo que se aplica al precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se cobra en cada factura. Según la ley 25.565 este recargo se debe destinar al pago de deudas del Estado nacional con distribuidoras de gas, a subsidiar a la garra social y solventar a empresas que aplican “tarifas diferenciales” en Tierra Del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Rio Negro, La Pampa, Carmen de Patagones y Malargüe.
