Mientras crece la tensión en un gran sector de trabajadores estatales por los trascendidos de que a fines de este mes de marzo el Gobierno nacional de Javier Milei no renovaría miles de contratos temporarios de distintas dependencias, en una cifra de despidos que podría superar los 70 mil (casi un tercio de la plantilla nacional), también se conocen algunas de las formulaciones que presenta la nueva versión de la Ley Ómnibus (o Ley Bases) en relación con el empleo en la administración pública, incorporando numerosos ítems de flexibilización laboral. En ese contexto se produjo la renuncia de Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública de la Jefatura de gabinete, quien debía ser el responsable de gestionar ese proceso de despidos.
El proyecto de Ley Ómnibus reducido que el Gobierno piensa enviar en los próximos días al Congreso Nacional retoma muchos de los puntos de su antecesora en relación con la reforma laboral (que también se plantearon en el previo DNU 70/23) y fueron frenadas por distintas instancias judiciales luego de los amparos que presentaron las distintas centrales gremiales.
ATE moviliza este viernes al Ministerio de Capital Humano contra el «desguace» del Estado
El nuevo proyecto de ley, no sólo plantea fuertes elementos de flexibilización, sino también restricciones absolutas para ejercer actividad política o gremial en ámbitos laborales. También se anticipa que en todos los casos se descontarán los días no trabajados por medidas de fuerza (algo que ya en la práctica viene aplicando esta administración, como se pudo ver el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer). En este sentido, el artículo 46 del proyecto de ley prohíbe a los estatales “dedicar sus horas laborales del servicio público a hacer cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias” y define “el descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga”.
Uno de los puntos clave que contempla el nuevo proyecto es el de una mayor disponibilidad para “relocalizar” a gusto a los trabajadores de la administración pública, incluyendo la posibilidad de pasar a otros poderes o jurisdicciones. El capítulo IV de la nueva Ley reforma la Ley de Empleo Público, reemplazando el previo artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 y definiendo que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses”. Luego añade: “Cumplido el término de disponibilidad -que se establece en 365 días– sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”.
Pettovello cierra 59 Centros de Referencia y despide a otros 600 trabajadores estatales
En caso de relocalización, se prevé que debería preverse un destino compatible con “las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo”. Pero también se aclara que “pueden ser destinados por decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes correspondiente”.
Más adelante se detalla que “la movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, es una atribución del empleador, pero estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la Ley N° 24.185”, reservándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de celebrar convenios con los otros poderes del Estado, provincias o municipios “que posibiliten la movilidad interjurisdiccional de los agentes» durante un plazo no mayor a un año”.
El Gobierno confirmó que se le descontará el día de paro a los estatales
En este contexto de incertidumbre para decenas de miles de trabajadores estatales, en las últimas horas se confirmó la renuncia de Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública de la Jefatura de gabinete (un hombre de Nicolás Posse y Federico Sturzenegger, presuntamente el verdadero responsable escandaloso aumento salarial para el Presidente y el Gabinete de inicios de mes). Guibert era precisamente el responsable de gestionar la reestructuración de la plantilla pública y se especula con que haya presentado su renuncia precisamente ante el brutal recorte que se planteaba para fines de este mes y pocas horas después de que se conociera un “instructivo” para gestionar la comunicación de esas miles de cesantías.
