Después de la masiva movilización de estatales que se llevó adelante en la provincia de Mendoza el pasado 26 de julio, este martes fue detenido el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Roberto Macho y su esposa Adriana Iranzo, secretaria Gremial, acusados por el delito de “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra” de resultas de las reiteradas protestas callejeras de las que participó el gremio.
ATE y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de la provincia de Mendoza repudiaron públicamente la detención de estos dirigentes, denunciando: “Expresamos un profundo rechazo a este nefasto accionar del gobierno de Rodolfo Suarez como respuesta a la contundente Asamblea General de delegados y congresales del Frente Estatal que realizamos hoy en el Hospital Notti, la que decidió redoblar y continuar con las medidas de fuerza que llevamos adelante en cada lugar de trabajo, calles y rutas de la provincia de Mendoza desde hace más de 50 días”.
Mendoza: Masiva movilización de estatales reclamando urgente recomposición salarial
Luego añadieron, anticipando una escalada de medidas de lucha contra la criminalización de la protesta: “No nos van a doblegar y vamos a seguir luchando por los derechos y reivindicaciones que urgen a los trabajadores: salario digno; pases a planta; y condiciones laborales, para que cada familia pueda llegar a fin de mes y alcance a cubrir la canasta básica alimentaria. No dejaremos que avasallen nuestros derechos. Las bases están dispuestas a todo. Estas prácticas dictatoriales son la vulgar respuesta de una administración gubernamental que perdió toda capacidad de resolver conflictos colectivos. La sociedad también lo nota, con cada bocina y aplauso que nos deja en cada masiva y pacífica movilización que desarrollamos”.
La decisión de ordenar la detención efectiva de los gremialistas fue tomada por el fiscal Fernando Giunta, imputando a Macho (actualmente detenido en el complejo penitenciario San Felipe) en cinco causas por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”, delito que, pese a estar tipificado en el artículo 194 del Código Penal, no se suele aplicar para las protestas sindicales. Aranzo, por su parte, fue procesada en tres causas.
El artículo 194 plantea: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
ATE participó activamente de las protestas que durante las últimas semanas llevaron adelante los estatales de la provincia por una urgente actualización paritaria, ante la oferta del gobierno provincial de actualizar los salarios apenas un 44 % entre los meses enero a agosto, propuesta rechazada por ATE y otros gremios.
