El anuncio del aumento de la AUH en el Congreso en un 46% fue considerado por el gobierno como uno de sus “ases en la manga” para épocas de vacas flacas.
La cifra por supuesto fue bienvenida, por los beneficiarios, por los movimientos sociales, pero todos son conscientes de que ese aumento disparó la asignación a 2.650 pesos, exactamente el 10 % del monto total que necesita tener en el bolsillo una familia tipo para no ser considerada pobre.
En los barrios más vulnerables, las familias tipo, suelen escasear. Generalmente los hogares tienen varios niños, con lo cual ese número queda aún más lejos.
Frente a esta angustiante situación, que se encuentra además con una expectativa inflacionaria que sube día a día, y que ya se anticipa en 35% pero que podría llegar a 50% nuevamente si el dólar se dispara, Macri se quedó con un margen para subir el gasto social de 25.000 millones de pesos.
El presidente Mauricio Macri se quedó con unos 25.000 millones de pesos para incrementar el gasto social si considera necesario hacerlo en algún momento del año electoral. La suma que asignó al incremento de las AUH representa menos de la mitad del dinero disponible en la «salvaguarda» que firmó con el Fondo Monetario Internacional.
De ese modo, el Presidente se guardó otra carta efectiva para utilizar durante la campaña electoral en la que irá por la reelección sin modificar el presupuesto nacional ni tener que negociar con la oposición o tocar el objetivo de déficit cero, prioridad del equipo económico que conduce el ministro Nicolás Dujovne .
Es decir que utilizó unos 15.000 millones de pesos previstos en la cláusula que suscribió con el organismo de crédito para inyectar dinero entre los beneficiarios de planes sociales, algo que evitó durante todo el año pasado. En este caso fue para beneficiar a los cuatro millones de niños y adolescentes que cobran la AUH.
En el préstamo por 57.000 millones de dólares que acordó con el FMI bajo la modalidad stand-by, el Gobierno logró imponer una cláusula novedosa que protege especialmente a los sectores más vulnerables. La salvaguarda es de un 0,2% del PBI, según el memorándum de entendimiento.
Por la dimensión del monto, seguramente desde el gobierno estén preparando nuevos anuncios para los próximos meses en los que no existen demasiadas certezas sobre la reactivación que anticipan.
Allí gana protagonismo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, encargada de garantizar la paz social para que el conflicto no llegue a las calles. También la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en las zonas más calientes del conurbano. La ayuda alimentaria en comedores y merenderos, que actuó como un paliativo para aliviar los efectos de la «tormenta» cambiaria, no se suspendió, e incluso en algunas localidades del conurbano bonaerense se incrementó y se seguirá haciendo si así lo requiere ésta etapa donde se definen las chances de Macri de volver a ser gobierno.
Aunque no hay nada cerrado todavía, la salvaguarda del Fondo podría ser utilizada para instrumentar un beneficio a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, lo que representan un total de 18 millones de personas y podría ser un paliativo para el 48% de los niños y adolescentes que en este país según Unicef hoy son pobres.
Entre otras estrategias, el gobierno está pensando en el relanzamiento de los préstamos Anses, que también fueron impulsados en 2017 antes de las elecciones legislativas. Hasta ahora esos préstamos tienen un tope de hasta $80.000 por persona y sólo pueden abarcar el 30% del ingreso del beneficiario, sea jubilación, AUH o pensión. Pero eso podría modificarse, según reconocieron fuentes oficiales, además de estar sujeto a otras condiciones económicas como las tasas de interés que volvieron a dar un salto para frenar la disparada del dólar que tocó los 42 pesos.
El objetivo de todas las medidas que el Gobierno implementó o evalúa tienen como objetivo generar un cambio en las expectativas sobre el futuro, que hoy, en medio de la crisis económica, se encuentran en su piso, según las encuestas que maneja el equipo de comunicación del gobierno.
