Más allá de las denuncias por la “inconstitucionalidad” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70 y la llamada Ley Ómnibus impulsados por el Gobierno nacional y los cuestionamientos específicos en cuanto al avance de una reforma laboral por decreto o la privatización de numerosas empresas estatales, ya comenzaron también los alertas de diversos sectores productivos sobre el impacto negativo que estas iniciativas tendrán en el sector industrial, comenzando por el azúcar, la pesca y el litio.
El Centro Azucarero Argentino (CAA) difundió un documento titulado “El sector azucarero en grave riesgo por dos iniciativas del proyecto de Ley Ómnibus”, con la firma de su presidente Jorge Feijóo. Allí se afirma que “el mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo, por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo de algunos países, que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos, que es precisamente lo que neutraliza la ley 25.715″. El dirigente añadió: “Creemos que la derogación de la ley 25.715 es un grave error, porque ella no significa una protección del azúcar sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia”.
La Confederación de Sindicatos Industriales contra el DNU del Gobierno nacional
En este sentido, el CAA exhortó a diputados y senadores nacionales a no aprobar el artículo 59 del citado proyecto, para evitar lo que definen como “un golpe irreversible para una cadena de valor integrada por 19 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 6.000 productores cañeros independientes, que emplean en forma directa a 57.355 trabajadores, y una vasta red de proveedores, fraccionadores y distribuidores.
Desde el sector, consideraron “igualmente grave” la modificación a la Ley de Biocombustibles N° 27.640 (arts. 307 a 315), que permite la libre importación de bioetanol para su mezcla con naftas, habilita a las petroleras para producirlo y autoabastecerse o comprarlo a precio libre, elimina la participación equilibrada en el abastecimiento por parte de las elaboradoras de bioetanol y hasta faculta a la autoridad a reducir el porcentaje de mezcla del 12% con una simple decisión administrativa. Según el CAA con esto “se rompe un régimen que tiene previsto, por ley, vigencia hasta el año 2030, es decir, se afrenta la seguridad jurídica con que se realizaron inversiones y se desarrolla la producción de Bioetanol de caña de azúcar, puntal decisivo del sostenimiento económico de la actividad azucarera”.
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También la industria pesquera nacional (cámaras empresariales, gremios, astilleros, fresqueros y congeladores) elevó su protesta por las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus para la Ley de Pesca, denunciando que representan “una entrega” de los recursos del Mar Argentino a flotas extranjeras “que barrerá con los empleos del sector”. El reclamo se hizo sentir fuerte en las provincias patagónicas y municipios costeros bonaerenses, con rebeliones legislativas incluso de diputados afines al oficialismo, que no se encuentran dispuestos a apoyar una iniciativa tan ruinosa para los intereses locales, que implicaría un “terremoto irreversible” para la industria pesquera.
Mientras que la norma vigente prioriza el otorgamiento de los permisos a los buques construidos en el país y de menor antigüedad y a los que doten valor agregado, privilegiando a quienes empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje, la nueva regulación habilita la entrega de permisos de pesca en la zona exclusiva argentina de las 200 millas (en incluso en las 12 millas para la pesca de bajo calado), poniendo a competir a las embarcaciones nacionales con las poderosas flotas multinacionales de buques con plena tripulación extranjera.
La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) denunció que estas modificaciones son “graves e importantes”, enfatizando además la ausencia total de diálogo al respecto con las autoridades nacionales (que incluso aún no designaron al titular de la Subsecretaría de Pesca). El el secretario de Desarrollo Local de Mar del Plata, Fernando Muro, afirmó que “permitir que flotas extranjeras operen en nuestro mar sin ningún tipo de regulación pone en peligro el trabajo de muchas familias. Además dañaría la industria naval de nuestra región, amenazando nuestro lugar como líderes en fabricación de buques”.
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Respecto del litio, el gobernador riojano Ricardo Quintela planteó la necesidad de una defensa de la soberanía provincial sobre estos recursos, ambicionados por numerosas corporaciones internacionales (como lo reconoció el propio presidente Javier Milei respecto del millonario estadounidense Elon Musk): “Van a tener que venir con el Ejército. Ni una sola piedra van a sacar sin el consentimiento de la provincia”.
“Los recursos naturales les pertenecen a los riojanos y si se exploran y explotan van a ser un beneficio de La Rioja y la Argentina, y no solamente de los pícaros que se quieren apropiar de los recursos naturales del país”, añadió Quintela. Luego concluyó pidiéndole a los legisladores nacionales que no aprueben las iniciativas oficiales, porque “para la provincia de La Rioja y para todas las provincias sería letal porque sería que concentre todos los poderes legislativo y ejecutivo, por lo tanto me parece gravísimo. Si los legisladores hacen eso, es alta traición a la patria”.
