En un contexto en el que los cortes de luz son cada vez más frecuentes y la boleta no para de subir, este mes se incrementó en un 35%, las firmas distribuidoras de luz mantienen una deuda de más de $ 36 mil millones de pesos con Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), una firma integrada por la Secretaría de Energía y privados.
De esa deuda, 17 mil millones de pesos corresponden a la falta de pagos que hubo durante el gobierno anterior, época en la que las tarifas estuvieron congeladas y no tuvieron actualización. El resto del dinero se generó en los últimos tres años por atrasos de compromisos y, en esta situación, es el Estado el que, además de asumir el costo del subsidio, debe pagar lo que las distribuidoras no abonan.
Las firmas tienen la posibilidad de obtener el dinero recargando la factura y que el usuario pague más, en un servicio que está dolarizado. Sin embargo, eso no sucede porque varias provincias, por diversos motivos, no autorizan a las distribuidoras a incrementar las boletas. Y, si las compañías no logran cerrar sus números, lo primero que hacen es no abonarle a Cammesa.
Un ejemplo paradigmatico es lo que sucede con la Empresa de Distribución de Energía de Río Negro, que posee un conflicto con las autoridades provinciales por el valor del servicio y le debe a Cammesa casi de 2 mil millones de pesos, que se generaron en los últimos tres años. Con Scheep de Chaco, DPE de Corrientes y EMSA de Misiones sucede lo mismo.
