Uruguay posee un ambicioso plan para que 100 mil argentinos dejen su país y se radiquen del otro lado de Río de La Plata gracias a beneficios impositivos. Así lo aseguró el mandatario electo, Luis Lacalle Pou.
“Vamos a flexibilizar alguna norma bancocentralista que dificulta mucho el ingreso de capitales”, anunció el dirigente que ganó los comicios a finales de noviembre pasado y cortó así la serie de presidencias del Frente Amplio de Tabaré Vazques y José “Pepe” Mujica.
“Uruguay por distintas razones tiene la posibilidad de convertirse en un lugar de llegada, no solo de vecinos del Mercosur, sino del mundo. Y nosotros ahí tenemos algunas cosas para hacer”, sostuvo el líder del Partido Nacional.
“Yo primero voy por la familia, después que estén las familias, van a poder traer la plata. Si tenemos seguridad pública, certezas a largo plazo, el país se va a convertir en un lugar de destino del cono sur y también del mundo”, añadió quien será el jefe de Estado uruguayo a partir del 1º de marzo próximo.
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En el sector privado celebraron la decisión aunque aguardan mayores precisiones sobre el plan que piensa desarrollar el Jefe de Estado para que las inversiones se consoliden en el país charrúa. Desde el PN detallaron que lo primordial es que empresas apuesten a Uruguay y sean capaces de crear empleo, en tiempos en los que la desocupación creció al 9,2%.
No obstante, según consigna la revista “El empresario”, distintos ejecutivos argentinos instalados en Uruguay no observan que pueda existir una fuerte ola inmigratoria de compatriotas con destino al país vecinos.
Por ejemplo, Pablo Lundahl (gerente general de Pagnifique) sotuvo que ese tipo de consultas “había aflojado en la época de Macri y ahora volvieron”, que valoran la seguridad jurídica del Uruguay pero que no ve una ola migratora de argentinos: “van a esperar a ver cómo son las cosas, no conozco a nadie que se haya venido ya”.
Mientras que Christopher Jones (gerente general de Grupo Ta-Ta), señaló que lo consultan “continuamente” sobre “el costo de vida, la presión fiscal, la inseguridad, la seguridad jurídica, la corrupción, la burocracia” y que “hay un par de casos que están haciendo los trámites para instalarse”. No ve “una corriente” pero sí “movimiento” por traslados puntuales.
