Son varios los puntos controversiales que propone el gobierno dentro del proyecto de la reforma laboral que impulsa, mientras se ilusiona con generar el debate en forma positiva a través de la insistencia en “el blanqueo laboral”, otros de los ítems, que cree pueden tener mayor consenso.
Con la inclusión de este tramo, -ver nota aparte en EDA- que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus empleados, desde el Ejecutivo se ilusionan que esta vez sí puedan lograr el aval en el Congreso, aunque saben que en plena campaña con una economía “rota” y un nivel de popularidad en baja tampoco será sencillo.
Es verdad que hay una gran preocupación en todos los sectores en el país por los casi 5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no tienen obra social ni derechos laborales, pero la discusión está en “la forma y no en el fondo” en que se pretende combatir este flagelo.
Detrás de esto hay una pretensión del gobierno de “reducir el costo laboral” y para ello insiste en tratar en forma urgente otras reformas: entre ellas busca que pueda haber jornadas más cortas para sectores en crisis, es decir, la reducción de las jornadas de trabajo que sería de 8 a 6 o a 4 horas.
Por otro lado se volvería a la “carga” con la idea de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, fondo que sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
No sólo el sindicalismo, también los abogados laboralistas lo rechazan de manera tajante porque consideran que es inconstitucional, al afirmar que un convenio colectivo de trabajo no puede suplantar una ley de orden público, como lo es la que contempla la indemnización. Con lo cual esto hace suponer que esto será una enorme “piedra en el zapato” cuando se intente avanzar en ese sentido.
Habilitar acuerdos por productividad es otro de los puntos centrales que impulsa Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, quien va en firme con la discusión, que asegura tener aval de empresarios y sindicalistas –sindicalistas que de hecho lo niegan- por considerarlo una flexibilización encubierta que va de “lleno” en contra de los trabajadores.
El caso que pretende poner como ejemplo el gobierno fue el de los petroleros, que en 2016 aceptaron eliminar las denominadas «horas taxi» (beneficios por movilidad) a cambio de dinamizar la llegada de inversiones.
En ese caso, la concesión de Guillermo Pereyra, jefe del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, se repitió hace unos meses por un pacto nunca antes visto: aceptó restricciones al derecho a huelga para evitar conflictos que perjudiquen la productividad del yacimiento Vaca Muerta.
Para el grueso del sindicalismo eso está muy lejos de la realidad de los demás sectores y no es el “patrón” que justamente, de acuerdo a sus últimas acciones, quisiera seguir el actual modelo sindical, -ni el moderado y mucho menos el más combativo-, que por el contrario impulsa fuertes movilizaciones y medidas de fuerza a futuro contra los tarifazos, la pérdida de poder adquisitvo, las suspensiones y despidos y en particular anticipa que su “límite” este año será la reforma laboral.
