La polémica empresa aérea Low cost, Flybondi sufrió un revés de la Justicia. El fiscal federal, Jorge Di Lello le pidió al juez Sergio Torres que suspenda los vuelos de la empresa y del aeropuerto de El Palomar hasta que se evalúe si están en condiciones de garantizar la seguridad de los pasajeros. Lo hizo ante una denuncia de vecinos de la zona, que vienen reclamando hace tiempo que no se permita el funcionamiento de ese aeropuerto para las empresas de low cost.
El Fiscal del caso cuestionó la falta de relevamientos previos a la habilitación de la terminal de El Palomar que dificulta su operatividad con malas condiciones climáticas.
«Estas circunstancias escapan a un simple hecho fortuito, hacen a la seguridad pública y deben tener respuesta de parte de la Justicia a quien se reclama su intervención para -como en estos casos- evitar que se produzca un mal mayor, ameritando en consecuencia, la suspensión de la empresa para operar, y en mayor medida, de la terminal aérea para operar como tal, en aras del interés general de la comunidad, y hasta tanto se realicen las pericias técnicas que acrediten las condiciones de seguridad, tanto de la empresa, como del aeropuerto», señala en su escrito Di Lello.
La atención estuvo puesta a partir de una denuncia de un un grupo de vecinos de Hurlingham, Morón, Tres de Febrero, San Martín y La Matanza, que piden el cierre definitivo de la Base Militar El Palomar «antes que se caiga un avión y haya que lamentar centenares de muertos entre pasajeros y vecinos de El Palomar y alrededores».
La denuncia, firmada por el abogado Lucas Marisi del colectivo Stop Flybondi oficial, advierte sobre el «riesgo mortal» que corren los más de 15 mil chicos que estudian a en escuelas ubicadas en la zona. En la presentación se enumeran aterrizajes fallidos, cortes de luz, suspensión de vuelos, despegues abortados, vuelos cancelados, entre otros problemas.
La presentación se realizó en el marco del expediente caratulado «Macri Mauricio, De Andreis Fernando, y otros S/ asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública», donde se investigan presuntas irregularidades en la concesión de rutas aéreas a las empresas low cost.
