La Justicia le dio el viernes la buena noticia a Hugo Moyano: ordenó dar de baja la multa por 810 millones de pesos que había interpuesto el gobierno a través del Ministerio que conduce Jorge Triaca.
Fue a través de la Cámara nacional de apelaciones quien demás le dio un plazo de 24 horas al juez laboral José Ignacio Ramonet para destrabar el embargo de 300 millones por el cual el gremio también había efectuado el reclamo.
El fallo redujo a $ 1 millón, la multa de $ 809 millones que le había aplicado el ministro Jorge Triaca por el presunto incumplimiento de una conciliación obligatoria dictada en diciembre de 2017.
Las camaristas Gloria Pasten de Ishihara y María Cecilia Hockl resolvieron que la sanción a la organización “incompleta” y que en lugar de calcular el castigo por el total de camioneros afiliados, solo corresponde estimar el monto sobre la cantidad de trabajadores que poseen las cuatro empresas inspeccionadas.
Como Moyano, Triaca también festejó el fallo y lo calificó de histórico. Resaltó que la justicia sostuvo que el ministro Triaca “actuó conforme a la ley, avalando la facultad y la calidad de autoridad de aplicación de la cartera laboral para la sanción”.
A las 18 horas del viernesHugo Moyano dio una conferencia de prensa en la Federación Nacional de Camioneros en Av. Caseros 921 de la capital porteña para mostrar su «satisfacción».
La decisión que hace más de un mes tenía en vilo a los Moyano, era que el juez laboral de primera instancia José Ignacio Ramonet autorizó un embargo preventivo a la Federación de Camioneros e hizo lugar al pedido de ejecución de la sanción impuesta. Ramonet libró oficios al Banco Provincia, Banco Nación, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro a fin de que “traben la medida” por una suma de $ 266.930.023, que se calcula para responder intereses y costos, y así la multa al gremio de Moyano superaría los $ 1.000 millones con los intereses.
Ahora, la Cámara ordenó levantar el embargo de inmediato y reponer las cuentas bancarias de la organización.
Desde Sichoca aseguran que las cuatro firmas transportistas representan el 0,03% del total de choferes sindicalizados. Si la multa se aplica sobre el 50% del salario mínimo, vital y móvil por cada chofer de las empresas inspeccionadas, el monto de la “factura” se calcula en apenas $ 1 millón.
