La Justicia definió la quiebra de la Alco-Canale, la mayor empresa exportadora de conservas de la provincia de Mendoza, que mantenía un plantel de más de 700 trabajadores, y ya hay dos posibles inversores interesados en hacerse con la empresa.
Sergio Moralejo, subsecretario de Industria y Comercio de la provincia, anallizó el fallo y trató de llevar tranquilidad a los trabajadores, aclarando que por el momento se mantienen las fuentes de trabajo y que la empresa debe seguir trabajando: “el juez establece la decisión de continuar inmediatamente la explotación de la empresa, en los términos previstos en la Ley de Quiebras. Hay algunos alicientes en el fallo que van a llevar tranquilidad, sobre todo a los trabajadores y a los proveedores de la zona. Estamos hablando de 3 plantas que son muy importantes”.
Respecto del futuro de las plantas de producción de conservas, el funcionario anticipó: “Una vez que el Tribunal evalúe los proyectos que se presenten, el punto uno es el mantenimiento de la totalidad de las fuentes de trabajo con el pago de las carga sociales. Es decir que se garantiza la continuidad de la empresa y, para las ofertas, el primer punto es el mantenimiento de los puestos de trabajo”.
Aunque no trascendieron los nombres, se habla de dos candidatos para hacerse cargo de la empresa Industria Alimentaria Mendocina (IAMSA), propiedad del grupo Alco-Canale. Según Moralejo, “el tribunal evaluará las ofertas que reciba formalmente, que hasta ahora fueron informales pero serias”. “El informe que ha hecho el veedor dice que son buenas empresas, un negocio viable, y por otro lado que por el tipo de cambio existente genera oportunidades de exportación”, añadió. Juan Reveco, responsable de Recursos Humanos de la empresa, confirmó que la empresa continuará con las operaciones aunque “resta saber con qué figura jurídica lo harán”.
Alco, dedicada a la elaboración de conservas, pulpas de frutas, tomates, legumbres, hortalizas, dulces y mermeladas, tenía su planta principal en la región mendocina del Valle de Uco, otra planta menor en General Alvear y establecimientos en Río Negro, Catamarca y la localidad bonaerense de Llavallol. En su mejor momento llegó a emplear a 2.400 personas, aunque ahora apenas quedaron 700.
La empresa arrastra problemas financieros desde 2015 y desde el kirchnerismo se intentó un salvataje con un aporte de 150 millones de pesos a través de un crédito del Banco Nación, que de todos modos no evitaron cientos de despidos y suspensiones durante 2016.
