Al igual que otros sectores afectados por la inflación y la devaluación del peso, la Justicia no es ajena y reclama lo suyo. Sin una respuesta satisfactoria, los cinco integrantes del Máximo Tribunal advirtieron una “inmediata paralización de las actividades del Alto Tribunal”.
Hace ya 10 días llegó al despacho de Marcos Peña, jefe de Gabinete, un reclamo que no esperaba. En forma de carta y con origen en el Palacio de la Justicia, la queja exige “una actualización presupuestaria” para el Poder Judicial. En caso de que no obtener una respuesta satisfactoria, los cinco integrantes de la Suprema Corte advirtieron una “inmediata paralización de las actividades del Alto Tribunal”.
“En virtud de las respuesta dada a nuestro pedido de modificación en las partidas presupuestarias y teniendo en cuenta que la dilación en su otorgamiento provoca un riesgo de inmediata paralización de las actividades del Alto Tribunal, se requiere de manera urgente las ampliaciones en el presupuesto de la Corte Suprema”, explica la acordada que firmaron los integrantes de la Corte Suprema dirigida a Marcos Peña.
La carta sostiene que “en lo atinente la política salarial, se le hace saber que en el presente año 2018 solo se ha autorizado el 10% de aumento”. Y agrega que “el 5% autorizado en el mes de febrero corresponde al año 2017 y se le otorgó a todos los sectores estatales cuyos salarios quedaron por debajo de la inflación del año 2017”. A principio de año el Ejecutivo había acordado con la Corte Suprema ese 10% mencionado para incremento de los sueldos “de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial”.
