El secretario General de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Rafael Freire, convocó a las centrales obreras argentinas a una reunión para el lanzamiento de una campaña continental y mundial contra la persecución a dirigentes sindicales, a partir de la aparición del video donde se ven a funcionarios presuntamente armando causas judiciales, escándalo conocido como la «Gestapo antisindical«.
La reunión contó con la participación de VÍctor Baez, Secretario Adjunto de la CSI. Como representantes de las tres centrales sindicales argentinas estuvieron Marta Pujadas y Mónica Tepfer del equipo técnico de relaciones internacionales de UOCRA-CGT, Hugo Yasky y Roberto Baradel por la CTA de los Trabajadores y Ricardo Peidro y Fito Aguirre, secretarios General y de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma. También participaron Cicero Pereira Da Silva, Secretario de política social de la CSA y el especialista en derecho laboral, Hugo Barreto.
Durante la reunión, se compartieron posiciones y lecturas sobre el escándalo acontecido tras la revelación de las reuniones secretas sostenidas en 2017 entre funcionarios macristas de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, junto a legisladores, intendentes, funcionarios judiciales, agentes de inteligencia y empresarios.
En este sentido, consideraron que «este hecho no ha sido una excepción respecto de situaciones de persecución político gremial que, con distintas escalas de brutalidad, suceden en el mundo», denunció la entidad.
La filmación, sin embargo, «pone en imagen y palabras estas políticas impulsadas a nivel local y global por las patronales en contra de los sindicatos, en detrimento de las bases mismas de las instituciones democráticas».
La entidad emitió un documento donde expresa que «la propuesta es iniciar una campaña de denuncia y acción política a nivel regional y mundial por la democracia y contra la persecución a representantes sindicales, para evitar que sus responsables permanezcan impunes».
Las denuncias presentadas por las tres centrales sindicales «serán tomadas como propias por parte de la CSA, en el entendimiento de que estos atentados contra la libertad sindical responden a una búsqueda de acabar con la representación de los trabajadores para avanzar sin obstáculos en la destrucción de derechos laborales expresados en los convenios colectivos y leyes laborales».
La condena de la Confederación Sindical de Trabajadores/Trabajadoras de las Américas (CSA), representativa de más de 55 millones de trabajadores/as de la región, con afiliación y presencia en 21 países del continente, resulta un nuevo empujón a la denuncia del «escándalo».
