Tal como estaba estipulado, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) convocó para este miércoles 19 de enero la primera de las dos audiencias donde se tratará el incremento en el servicio de gas del período 2022. La segunda será dentro de dos semanas, el lunes 31, y la suba de tarifas llegaría el 1 de marzo.
En este punto, lo que se definirá en los próximos 15 días es la adecuación “transitoria” de la tarifa del servicio público de gas natural, tanto para el segmento de transporte como para la distribución.
Ya por el mes de julio del 2021, el Enargas aprobó los cuadros tarifarios de transición para la tarifa del gas con un aumento del 6% en promedio en la factura que reciben los usuarios residenciales del servicio de gas por redes. Luego, los precios se mantuvieron fijos.
Sin embargo, al finalizar el 2019, en los comienzos del Gobierno de Alberto Fernández, se había decidido una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que venía de la gestión de Mauricio Macri, y que no debería extenderse por más de dos años.
En diciembre 2019, a través de un decreto, el Poder Ejecutivo extendió ese período y prorrogó las intervenciones del Entre Regulador de la Electricidad (Enre) y del Enargas hasta el 31 de diciembre de 2022. Así quedó ratificado Federico Bernal, como titular del Ente Regulador del Gas, un funcionario cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
A comienzos de 2021, las empresas distribuidoras pidieron en las audiencias un 50% de incremento del margen de distribución, que en la factura que reciben los usuarios representaba un incremento del 12%. Finalmente, obtuvieron un 26% de incremento en el margen de distribución que tuvo un impacto promedio en las facturas de 7%.
En este marco, para el año en curso, la idea del sector empresarial es completar la inflación registrada el año pasado. En el bolsillo de los usuarios impactaría en una suba alrededor del 30%. Sin embargo, advierten que en el Poder Ejecutivo no se rigen por el atraso, y que el aumento forma parte de una decisión política en la que se evalúa cuánto es lo aceptable en un contexto de crisis económica.
“El Enargas está intervenido y lo cierto es que no hay garantía que se sigan criterios técnicos para la actualización de tarifas. Por lo tanto, el aumento es una decisión política y no hay mucha certeza de cuánto podría ser, teniendo en cuanta que el nivel de subsidios en gas natural es de alrededor del 50%.
La gestión Fernández desde un inicio hizo público que está trabajando en una “segmentación de tarifas”, mediante la cual los aumentos se diferencien de acuerdo a la capacidad económica de cada usuario. Para poder implementar ese complejo sistema de facturación, el Poder Ejecutivo avanzó con un reempadronamiento para determinan quién es el usuario detrás de cada domicilio registrado.
