Antes de iniciar su gira presidencial, Alberto Fernández anunció la ampliación del plan asistencial en su lucha “contra el hambre”, consciente de que la escalada inflacionaria pega de llego en la mesa de los argentinos, pero especialmente en los sectores más vulnerables que tienen hoy una economía en “emergencia” y seis de cada diez niños son pobres.
Para eso, el Estado nacional multiplicará por tres la actual inversión, pasando de destinar 10.000 millones de pesos mensuales a 30.000 millones, tratando de sostener la paz social que se teme perder si no hay una contención permanente y especial en pandemia. También contemplando el reclamo de los intendentes, en contexto electoral, y sobre todo, apostando a que sea un primer paso mientras la reactivación económica llega de la mano de la producción nacional -ahora nuevamente retrasada por la segunda ola de Covid y bajo nuevas restricciones-.
Si bien la medida fue celebrada y difundida como una buena noticia, hubo cierto «fuego amigo». Emilio Pérsico, líder del partido en la coalición de Gobierno, ocupando un cargo destacado en el Ministerio de Desarrollo social propuso invertir ese dinero en el programa Potenciar Trabajo y criticó la medida pues señaló que esto “es pan para hoy y hambre para mañana”. La tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero «eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo”, recriminó Pérsico al conmemorar un aniversario más del nacimiento de Evita, donde responsabilizó al Estado como garante último de la generación de empleo.
Algo parecido ocurrió con Juan Grabois, integrante de la CTEP, que también mostró una posición inesperada y calificó la política alimentaria del Gobierno como “estúpida” horas después de que el ministro Daniel Arroyo calificara la pelea contra el hambre como la “más importante” de la gestión de Alberto Fernández. Esa consideración fue argumentada como una política donde se “desvaloriza al trabajador” y no se tiene consciencia de la desigualdad que estamos atravesando y la falta de integración que existe y que no se solucionará con asistencia alimentaria.
Por otra parte, la Confederación General del Trabajo se lo había planteado previamente en el almuerzo que compartieron con el presidente en la residencia de Olivos, le había remarcado la necesidad de encontrar un acuerdo entre Gobierno, empresarios y gremios para la creación de empleo genuino, como única manera de comenzar a girar una rueda de crecimiento y generación de riqueza. Los principales dirigentes gremiales coincidieron en que en la emergencia los subsidios pueden ser “una necesidad pero no una solución”.
En este contexto, el gabinete nacional se pasea por los despachos europeos intentando conseguir aliados para llevar adelante la “dura negociación con el Fondo Monetario”, donde para tener un buen resultado, Fernández ratifica a Martín Guzmán como un ministro consolidado en desmedro de la postura más dura de la coalición de Gobierno que insiste en «no pagar las cifras desorbitadas que exige el compromiso financiero internacional» y volcarlo hacia adentro, a propósito de generar «verdadera inversión» en lo que llaman desde hace años la «economía social y popular» algo que hoy involucra a más de 19 millones de argentinos.
