En las últimas horas el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), en su primera reunión del año, alertó por el fuerte “deterioro económico” que vienen sufriendo los asalariados en el último período por el impacto de la inflación, en el marco de lo que definieron como una “compleja crisis económica y social”. En ese marco, la central obrera convocó a construir un “gran consenso político, económico y social que promueva el desarrollo, la producción y el trabajo como instrumentos hacia un horizonte de crecimiento con justicia social”.
El Consejo directivo cegetista remarcó: “La sociedad argentina atraviesa una compleja crisis económica y social, heredada agravada por un escenario de inestabilidad macroeconómica que se manifiesta a través de una escalada inflacionaria creciente que pulveriza el poder adquisitivo de los salarios; escasez de divisas, informalidad laboral y un proceso de aumento en su pobreza estructural, inaceptable para la Argentina, que alcanza a un 40% de nuestro pueblo, condenando a la marginalidad a millones de argentinos y argentinas y ponen en serio riesgo la cohesión social”.
Impuesto a las ganancias: Economía y la CGT acordaron beneficio para 600 mil trabajadores
El documento firmado por los principales referentes gremiales de la CGT denuncia que los índices de inflación y pobreza “deben encabezar las prioridades para la adopción de medidas y acciones urgentes”. En ese sentido, añaden: “Toda la dirigencia en general debe tornar conciencia de que ya no hay más margen de deterioro económico sin riesgo de descomposición social”. Ante este escenario la central obrera instó a la convocatoria “de un gran consenso político, económico y social que permita alcanzar acuerdos básicos para el diseño de un programa de mediano y largo plazo, promoviendo el desarrollo, la producción y el trabajo como instrumentos necesarios y urgentes para superar la crisis y trazar un horizonte de crecimiento con justicia social”. “Que las especulaciones cortoplacistas de una etapa pre electoral no posterguen la generación de acuerdos estratégicos, dentro de un modelo de crecimiento sostenido e inclusivo”, añadieron.
También llamaron a que la dirigencia política argentina “sin distinciones partidarias, sin diferencias entre oficialismos ni oposiciones circunstanciales” asuma “el compromiso que les cabe en la sucesión de crisis recurrentes que a través de los años han llevado a nuestro país a la situación actual”. La CGT remarcó que estos dirigentes “deben asumir el compromiso de erigirse en garantes del bienestar colectivo, tanto para minimizar los efectos de la crisis así como para promover la recuperación socioeconómica y asentar los pilares para un crecimiento sostenido, sustentable e inclusivo de mediano y largo plazo”.
La CGT avaló el anuncio oficial de modificación del tope de las asignaciones familiares
En cuanto al contexto económico y social afirmaron que “es de tal gravedad que no permite especuladores personalistas ni sectoriales” y que el país sólo podrá salir adelante “a través de la instrumentación de consensos mayoritarios con base en un conjunto de políticas de Estado orientadas a poner en marcha las potencialidades productivas”.
La central obrera planteó un programa de once ejes para enfrentar la crisis, que incluye la reducción de la inflación (definida como “un verdadero impuesto a la pobreza”), la defensa del aparato productivo nacional, el fomento al trabajo argentino por medio de prácticas exportadoras con valor agregado, el fortalecimiento de los sistemas de salud y seguridad social, la promoción de un proceso de movilidad social ascendente y de una justa redistribución de la riqueza y la recuperación de la independencia económica.
CGT y CTA repudiaron el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
Además, se planteó la demanda de un mayor compromiso de responsabilidad social empresaria en los sectores formadores de precios, la necesidad de una mayor participación de la ciudadanía en todos los asuntos de la nación para fortalecer las instituciones democráticas, la reconstrucción de un Estado promotor del desarrollo que proteja los recursos estratégicos (garantizando que estas actividades no agraven la problemática ambiental) y, finalmente, el abordaje de los cambios en el trabajo asociados a las tecnologías de la información, la comunicación, a la inteligencia artificial y a la automatización de los procesos productivos promoviendo el dialogo entre los actores sociales involucrados con el objeto de activar los mecanismos regulatorios necesarios que permitan hacer de la revolución científico tecnológica un instrumento de transformación para el desarrollo con inclusión social.
“En definitiva, la instrumentación de un modelo económico de crecimiento inclusivo, que privilegie la cultura y el valor del trabajo, que distribuya equitativamente los frutos de ese esfuerzo, asumiendo que los derechos de las y los trabajadores son la condición necesaria para una sociedad con más y mejores oportunidades de prosperidad individual y colectiva. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, concluyeron.
