La denuncia de estafa asumida por la Superintendencia de Servicios de Salud, involucra en esta instancia judicial a las obras sociales que nuclean a los trabajadores de tintorerías y lavaderos industriales de ropa (OSOETSYL) y a los encargardos de edificios (OSPERyH), entidades que se presentaron como querellantes en la causa contra la empresa de medicina prepaga Ética Médica. Según el avance de la investigación policial y judicial, la empresa estafó por más de 50 millones de pesos mensuales a cientos de trabajadores pertenecientes a entidades de salud de diferentes obras sociales sindicales.
La operatoria, llevada adelante por gerenciadoras privadas, según consta en los reclamos, impulsó traspasos de afiliados de distintas obras sociales a otras prestadoras de servicios de salud, “mediante distinto tipo de engaños”. Según las denuncias iniciales, también fueron víctimas de este accionar trabajadores de otras obras sociales, como la de empleados ferroviarios, de la industria del papel y vareadores.
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La denuncia por fraude se basa en un engaño ejercido contra particulares que aportaban una suscripción por supuestos planes de salud, aunque las prestaciones nunca les llegaban a dar cobertura, quedando así sin prestaciones médicas. La empresa denunciada, según el expediente, también funcionaba bajo el nombre de Ética Salud y estaba vinculada a la firma Ética +. Y muchos de los traspasos que se investigan se habrían realizado sin conocimiento o autorización por parte de los afiliados.
La investigación se encuentra en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 2., a cargo de Sebastián Ramos, y tiene como principales implicados a Raúl Martín Barreiro, Fernando Pablo Dardik, Javier Ignacio Cuman y Pablo Hernán Baldoni, además de otros 14 acusados por “desvío de afiliados y compra de base de datos” de beneficiarios de coberturas de salud de obras sociales sindicales, a quienes también se les habría ofrecido “préstamos personales o tarjetas de crédito”.
