Después de que se confirmara la intención del Ministerio de Seguridad de cobrarle a diversas organizaciones gremiales y sociales los millonarios costos operativos derivados de la cobertura policial de la concentración del pasado 27 de diciembre el Palacio de Tribunales contra el DNU 70, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) denunciaron que esto constituye una “nueva provocación” del Poder Ejecutivo y manifestaron su “profunda preocupación” por este proceder.
“Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”, remarcó el Consejo Directivo Nacional de la central obrera en un comunicado.
Y agregó: “Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento, no condicionará al movimiento obrero organizado”.
Para terminar, remarcaron que la CGT no representa los intereses de “una casta” sino los de los trabajadores que, “en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”.
