La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra) denunció este jueves que el Gobierno de Javier Milei pretende cargar a las organizaciones gremiales que participaron de la concentración del pasado 27 de diciembre frente al Palacio de Tribunales con el costo del operativo de seguridad, que asciende a más de 40 millones de pesos.
La movilización contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 del Gobierno nacional, que impulsaba una tan regresiva como inconsulta reforma laboral, además de una brutal desregulación en numerosas áreas del Estado argentino, fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTAs y numerosas organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos que se sumaron a la protesta.
Masiva protesta de CGT, CTAs y movimientos sociales contra el decreto de Milei
Respecto de la intención oficial de trasladar el costo operativo a los gremios, un comunicado de Fempinra lo consideró como “un acto intimidatorio y anticonstitucional”, que “avasalla los derechos consagrados en la Constitución, viola acuerdos internacionales y pretende disciplinar a las organizaciones sindicales en el marco del establecimiento de un gobierno autocrático”.
Al respecto, afirmaron que “siguiendo las premisas autoritarias impartidas por la ministra Patricia Bullrich, se pretende atemorizar a los trabajadores, silenciar las voces y cercenar la libertad sindical”. Y añadieron que con esta actitud el Gobierno “promueve la supresión del derecho humano a la protesta mientras encubre el tremendo costo social que representa la política de shock, que agrede a vastos sectores populares”.
Las CTA y la UTEP también convocan a paro y movilización, confluyendo con la CGT
Respecto de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, opinaron que no es sorpresa “su vocación violenta y anti sindical” y le advirtieron que “el Movimiento Obrero Organizado no retrocederá frente a las amenazas”. “La criminalización de la protesta, que equipara a las y los trabajadores con la delincuencia, representa una ideología arcaica que sume al país bajo las sombras del autoritarismo político. Con ridícula soberbia el gobierno se pone por encima del mandato democrático en nombre de falsas interpretaciones. Violentan la Constitución pretendiendo llevarse por delante toda la representación popular, abonan el terreno de la represión porque para ellos la violencia política es un apéndice del sometimiento del pueblo a políticas de hambre y entrega”.
Para terminar, desde Fempinra ratificaron su presencia en las calles el próximo 24 de enero, en el marco del paro y la movilización convocados por la CGT, afirmaron que la intimidación oficial constituye un acto “digno de la última Dictadura cívico militar”, realizaron un llamado a la más amplia “unidad de concepción y de acción en defensa de la Patria y el pueblo trabajador” y concluyeron: “Se equivocan si esperan nuestra rendición, porque los únicos vencidos son los que no luchan”.
La CGT repudió los ataques y la «violencia discursiva» del Gobierno nacional
