El Gobierno nacional decidió transferir la gestión del programa Potenciar Trabajo de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la del Ministerio de Trabajo a partir del próximo 1 de enero. Las distintas organizaciones sociales recibieron con inquietud el anuncio, ya que podría implicar no sólo la baja de miles de beneficiarios sino también el desfinanciamiento de una serie de importantes iniciativas productivas.
Según el anuncio realizado por el ministro de Economía Sergio Massa, el objetivo es “que las personas beneficiarias de programas sociales dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral”. “Van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación. Tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas”, explicó Massa.
La iniciativa apunta a consolidar el programa Puente al Empleo, que busca convertir los planes sociales en trabajo genuino. En este sentido, explicó Massa: “Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año y el empleador que lo tome, va a tener que completar el salario de convenio, pero además para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo”.
El decreto, además, se hizo público en sintonía con los anuncios de la titular de la cartera de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz respecto de la baja de cerca de 1163 personas del Potenciar Trabajo (menos del 1% del padrón total de beneficiarios del programa) que gracias a los cruces de datos con Migraciones que confirmaron que esos beneficiarios habían realizado viajes al exterior por vía aérea o en cruceros.
La iniciativa generó una profunda preocupación en las organizaciones sociales, que buscan abrir instancias de discusión y negociación con el Gobierno, evaluando que una protesta masiva de organizaciones de desempleados tampoco sería del interés del oficialismo a menos de 20 días de la segunda ronda electoral.
