Este miércoles al mediodía un importante grupo de organizaciones políticas y sociales, además de numerosos sindicatos, movilizaron a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires para expresar su oposición a la ley aprobada por la Legislatura que habilita a la justicia porteña a apelar fallos de la justicia nacional. Los manifestantes alertaron que con estas reformas no sólo se avanza contra los derechos laborales de miles de trabajadores sino que además se intenta “garantizar la impunidad” del expresidente Mauricio Macri y “cristalizar el lawfare”.
Participaron de la movilización al tribunal ubicado en Cerrito 760 gremios como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), la Asociación de Personal Jerárquico del Gas (APJ Gas), la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), la Asociación Bancaria y otras organizaciones integrantes de Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
También marcharon numerosas organizaciones vinculadas al quehacer judicial como la Asociación de Abogados Laboralistas 7 de julio, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y el Frente de Abogados Populares.
El dirigente de la CTA Pablo Kleiman explicó que “la ley es inconstitucional porque la justicia nacional está reservada para los tribunales provinciales o federales y CABA no es una provincia, entonces no tiene ninguna competencia para revisar porque así lo marca la constitución”. Y agregó: “Esto es un intento más de aquellos que se dicen defensores de la república y de la división de poderes y de las instituciones, se rasgan las vestiduras por eso, pero en la práctica violentan la Constitución. Es grave porque lo van a usar para beneficiar a Macri, estamos acostumbrados a la impunidad de los poderosos, pero va a ser muy perjudicial para la clase trabajadora porque van a poder revisar los fallos laborales por eso están presentes varios sindicatos”.
Esta modificación a la ley 402 de procedimientos ante el TSJ que permite que el tribunal porteño revise fallos nacionales fue sancionada el jueves pasado en la Legislatura con 38 votos a favor (de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN) y 20 en contra (Frente de Todos y FIT-U). El propio ministro de Justicia de la Nación Martín Soria consideró que la ley “tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Macri” ya que apunta a “evitar la quiebra del grupo Macri por la estafa del Correo Argentino”.
