En medio del temor de quiebre de la empresa de correo privado más grande del país, la Federación Nacional de Camioneros le pidió al juez de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, que levante los embargos que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) trabó sobre las cuentas bancarias de OCA y paguen los salarios completos.
Por medio de un escrito, el gremio que conduce Hugo Moyano exigió la medida, dado que la sindicatura de la empresa, cuyo concurso preventivo ya ingresó en su fase final, le informó que, al 8 de marzo, la compañía sólo contaba con fondos suficientes para cubrir el 33% de los salarios de sus 6500 empleados correspondientes a febrero.
El escrito en defensa de los trabajadores argumenta en uno de sus párrafos: “El monto resulta más que insuficiente, ya que la mayoría de los trabajadores cuentan con vencimientos de créditos y alquileres por montos que representan importes muy superiores al 33% de su salario, con lo cual, se quedarían sin un peso para llevar un plato de comida a sus hogares”.
La empresa OCA está concursada por un pasivo verificado de $ 4.494 millones y acumuló otro monto similar ($ 4000 millones de pasivo luego del concurso). De ese monto, $ 2323,19 millones (más intereses) son con la AFIP, que también es la principal acreedora de la convocatoria, con el 80% de la deuda.
Por otro lado, los embargos del ente recaudador que tienen pisadas las cuentas bancarias de OCA, no obstante, son sobre el monto generado después de la apertura del expediente judicial.
De acuerdo al listado presentado por Camioneros en su pedido, en base a información provista por el síndico del concurso, la empresa tiene embargos por $ 1297,60 millones. A fines de febrero, Tejada, titular del juzgado Civil y Comercial 10, dio por vencidos los plazos que OCA tenía para presentar un acuerdo con sus acreedores.
El juez convocó a dichos acreedores, también a terceros interesados y a la eventual cooperativa que podrían conformar los empleados de OCA a homologar un acuerdo preventivo “que les asigne el derecho a adquirir las cuotas sociales de la sociedad concursada”.
La decisión fue apelada y será ahora la Cámara la que la ratifique o revierta. Entre tanto, el juez avanza con el proceso. Una vez iniciado el concurso, el propio líder sindical se apersonó dos veces en el juzgado. La primera fue en noviembre, para manifestar su preocupación por el futuro de la compañía, intervenida por el juez. La segunda fue en febrero: en esa audiencia, en la que también participó la AFIP, Moyano y los abogados del gremio le pidieron al juez la conservación de los puestos laborales y que se garantizara el cobro de los salarios.
Si bien esa reunión concluyó con un acuerdo, hay que destrabar los fondos para hacer efectivos los pagos que aguardan los $6.500 trabajadores que forman el plantel de la empresa de correo.
