La plataforma digital de delivery Glovo padece de problemas en España, cuya justicia considera que los trabajadores deben ser contratados formalmente y a través de distintos fallos instan a la firma a que se adecue a la legislación vigente.
Las demandas contra Glovo comenzaron cuando, alegando falta de profesionalidad, despidió a trabajadores. Rápidamente, los repartidores decidieron llevar su caso a la Justicia, que condenó a la empresa por el despido improcedente ya que «no se ha justificado en modo alguno» por qué los echó.
Una de las sentencias señaló, entre otros motivos, que la autoría del contrato que firman los repartidores y Glovo está redactado exclusivamente por la empresa, “lo que demuestra la inicial posición de desigualdad entre partes”; que el repartidor no tiene la capacidad de negociar precios con la plataforma, ni con los restaurantes, ni los clientes; y que la propia app (aplicación digital) de Glovo –a través de la cual los clientes hacen los pedidos y que conecta a los mensajeros con los restaurantes– es la herramienta fundamental de trabajo, sin la que los repartidores no podrían realizar su trabajo de manera independiente, entre otros.
La compañía de repartos defendió su funcionamiento, basado en repartidores autónomos, porque considera que se ajusta a la “flexibilidad” de la prestación del servicio. También solicitó una reunión con el Gobierno para conversar sobre cambios en la normativa en pos de que exista mayor «seguridad jurídica» y que los empleados sea autónomos pero con «protección social».
