Una vez más el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), que conduce Carlos Ortega, hace oír sus reclamos al expresar un profundo repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019 publicado esta semana en el Boletín Oficial, en el que se “reduce el monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador”, según indicaron.
En ese sentido, Ortega fue contundente y lo calificó como “aberrante, regresivo e inconstitucional” donde lo único que hace es “echar mano directamente al bolsillo de los trabajadores”, sostuvo el dirigente gremial.
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De esta manera, Ortega se refirió a la postura del Gobierno, el cual justificó la medida “ante los recientes acontecimientos económico-financieros” y denunció: «los recientes acontecimientos económico-financieros fueron provocados por este gobierno en complicidad con las autoridades del FMI y hoy, como siempre, vienen a echar mano al bolsillo de los trabajadores”.
Al mismo tiempo destacó también el rol del sindicato en relación a estos temas, en particular a la salud y la prevención de los riesgos del trabajo a partir de la publicación en el 2017 de un libro de investigación conjunta entre gremio, CITRA, UMET y CONICET, titulado “Trabajo y Salud en Puestos de Atención al Público”, sobre el que Ortega aseguró: “hace dos años elaboramos un informe sobre los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST) a los que están expuestos los trabajadores de ANSES, y que son subestimados y negados en sus consecuencias hacia la salud”.
En ese sentido, afirmó que “esto no es un tema nuevo” y destacó que “hace varios años que venimos trabajando desde el SECASFPI en la construcción de una cultura preventiva en salud y seguridad en el trabajo, contraria a estas decisiones “ilegales y opuestas” a los preceptos de la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales”.
El titular del SECASFPI lo asoció a una “obsesión por flexibilizar las relaciones laborales, y a un ataque directo que llega al punto de “rebajar salarios, jubilaciones y destruir el trabajo argentino”.
