El pedido de apertura de un Procedimiento de crisis solicitado por los dueños de BuqueBus al Gobierno para que le permita suspender a todo su personal argentino –unos 500 empleados-, fue duramente rechazada por el gremio del personal Marítimo (SOMU) y el resto de las organizaciones gremiales: la Asociación Argentina de la Marina Mercante, el Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante, el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales y el Sindicato de Choferes de Camiones.
El rechazo fue avalado por el Ministerio de Trabajo, quien convocó a una negociación entre las partes. Fueron citados los dueños de la compañía que posee casi el 90% del negocio de transporte marítimo de pasajeros entre las costas porteñas y uruguayas y los representantes gremiales.
El pedido se basa en «razones de fuerza mayor» debido a la falta de operaciones que le genera el cierre de las fronteras dispuesto por el presidente Alberto Fernández para combatir el avance del coronavirus. Pero esa razón presenta una extrañeza: el pedido está fechado el 18 de marzo, momento previo al DNU que decretaba la cuarentena obligatoria.
También denuncian desde el sector gremial “haber solicitado el mismo procedimiento el año pasado, también denegado por el Gobierno”, bajo la sospecha de que intentan lograr los mismos beneficios que reciben del Gobierno Uruguayo: los 700 trabajadores que tienen en ese país en ésta empresa: son suspendidos y el reciben un REPRO.
La decisión de la cartera que dirige Claudio Moroni es la de mantener sin autorizar el pedido de la compañía propiedad del empresario Juan Carlos López Mena de acogerse al llamado.
Sin embargo, tras la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la solicitud quedó frenada por ahora. La idea de la cartera laboral es que la empresa y el gremio busquen una salida consensuada a la situación en la que se ven envueltos 500 trabajadores.
Por lo pronto, la respuesta del SOMU fue rechazar lo solicitado por Buquebus y pedir que se fije una audiencia en los plazos fijados por la ley para avanzar en una decisión final.
A través de un comunicado, el sindicato hace referencia a su «permanente vocación de diálogo» pero aclara que lo hará sobre bases serias y razonables y a la altura del actual contexto de crisis que sufre la mayoría de los trabajadores argentinos por las devastadoras consecuencias económicas que está causando el aislamiento.
Para el sindicato, es inadmisible que una empresa de hace más de 30 años que viene en alza desde su inicio, solicite un PPC para suspender o despedir a todo su personal a partir de este mes mismo mes, en tiempos donde desde el Ejecutivo se prohíben justamente suspensiones y despidos por 60 días a través del decreto 329/2020.
