Una de las frases más resonantes del presidente en la apertura de sesiones ordinarias fue “la pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar servicios ha llegado a su fin”, afirmó frente a la Asamblea Legislativa, aunque reconoció que llegó el momento de comenzar a subir los servicios públicos.
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas ( Energas), Federico Bernal, ratificó este miércoles la «discontinuidad en el congelamiento de precios de los servicios públicos», quien agregó que se buscar aplicar «aumentos equilibrados».
Luz y gas están congeladas desde marzo del año pasado. Algo que fue un enorme paliativo para enfrentar una devaluación salarial mayor al 20% y recuperarse de subas siderales en la gestión macrista que, de continuar con ese esquema de Revisión Integral del anterior gobierno, “el gas debería haber aumentado un 80 % en octubre de 2019 y un 130 % en abril de este año; y la electricidad, por su parte, debería aumentar un 168 % en el próximo mes de abril”.
Pero, de todos modos, desde el Ejecutivo están más centrados en hacer valer el salario que en mantener el congelamiento. De hecho el presidente dio a entender que podría desdoblar sus precios y que “los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas”.
Para ello se presentará un proyecto que declarará “la emergencia de los servicios públicos y serán regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”, noticia que recibieron con beneplácito desde distintos sectores, pero especialmente algunos intendentes del conurbano, que, en diálogo con Estado de Alerta, reconocieron éste tema como una de sus grandes preocupaciones.
En resumen, los nuevos costos deberán establecerse y están en estudio, pero es claro que la etapa de congelamiento llega a su fin y es momento de regularizar el sistema tarifario, «freezado» durante tanto tiempo, pero cuyos ajustes y “la conformación de los nuevos cuadros tarifarios va a demandar meses”.
Hace largos meses, el ministro de Economía Martín Guzmán, ya había anticipado su intención de comenzar a descongelar las tarifas a principios del 2021, en el marco de los reajustes fiscales que el Gobierno quiere realizar para encauzar la renegociación de la deuda con el FMI. Pero el mismo titular de Economía ha dicho que «lo que dice la ley es que las tarifas tienen que ser justas y razonables al igual que la rentabilidad de las empresas».
Con los combustibles el descongelamiento se dio ya hace meses y vienen llevando adelante aumentos graduales en forma constante que ya suman cerca de una decena. El gran dilema sigue siendo la presión que eso generará sobre la inflación que justamente se intenta contener y para la que se trabaja en un acuerdo de precios y salarios -de alrededor del 29%-, el número que figura en el Ejercicio anual del año en curso, pero sobre cuyo cumplimiento hay serias dudas.
El objetivo final del Gobierno es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio para que los “costos fijos que representan esas tarifas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas”.
Las tarifas están congeladas desde marzo del año pasado, y ya se convocó a dos audiencias para discutir las tarifas de gas, para el 15 de marzo, y un día después para las de los servicios de transporte y distribución. Las audiencias son el paso legal previo y obligatorio para definir un aumento tarifario, aunque son sólo informativas y no son vinculantes con la política tarifaria.
