Hace un año el Gobierno de Mauricio Macri todavía pronosticaba una inflación anual de 10% para el fin de 2018. El 28 de diciembre (día de los Inocentes), se modificó ese cálculo optimista asegurando que la inflación anual iba a ser de 15%. En pocos días más el año cerrara con una inflación más cercana al 50%. Casi cinco veces según el primer pronóstico y más de tres según las expectativas ajustadas. El error de cálculo es mayúsculo y pocas veces en la historia nacional se registra una diferencia tan notoria entre expectativas y realidad.
2018 aparecía como el año en que el oficialismo comenzaría a cumplir con sus promesas, donde el dichoso “segundo semeste” por fin haría su desembarco vivificante en la economía nacional. Cambiemos venía de gar cómodo las elecciones de medio término de 2017, de superar un moderado proceso recesivo en 2016 y de lograr la sanción de importantes paquetes de leye pros (entre ellos las reformas previsional y fiscal). El país se aprestaba a crecer por segundo año consecutivo y a quebrar “la maldición de los años pares”. Los créditos UVA se multiplicaban, las automotrices pensaban romper el récord de un millón de autos vendidos… Pero pasaron cosas.
A apenas unos meses de empezado el año se desató la primera de las corridas cambiarias que sacó al dólar de su tranquilidad y lo llevó a más de 25 pesos (para fin de año el incremento del precio de la divisa superará el 100%). Todas las medidas implementadas por el Banco Central comandado por Federico Sturzenegger parecían no sólo inútiles sino contraproducentes y ya en junio hubo que recurrir desesperadamente al Fondo Monetario Internacional para obtener fondos para capear el temporal que los mercados internacionales retaceaban. Así llegaron 50 mil millones de dólares, a cambio de un programa económico de ajuste que le terminó de dar el último golpe al “gradualismo” del que se envanecía el Gobierno para abrir paso al ajuste desenfrenado.
La deuda externa bruta de nuestro país ya supera el 60% del PBI, estimándose en 261.483 millones de dólar. Comparado con 2015, el peso de los servicios de deuda sobre el presupuesto nacional casi se duplicó, con perspectivas de aumentar. A tono con el fuerte endeudamiento del Tesoro Nacional y el crédito “stand by” con el Fondo, también el Banco Central incrementó su deuda durante 2018, pagando 83.000 millones de pesos en los últimos 3 meses sólo en concepto de intereses por las Leliq.
Así, la actividad económica nacional, que hace un año esperaba un crecimiento cercano al 3% se desplomará esa misma cifra en negativo, marcando una tremenda brecha de 6% entre pronósticos y resultados. Las tasas para el crédito se mantienen por las nubes para evitar una nueva disparada del dólar, con la lógica consecuencia de un mercado de créditos paralizado, lo que multiplica el reclamo de PyMEs que necesitan dinero para afrontar la debacle del mercado interno (gracias a una caída de salarios y jubilaciones de más de 12% en términos reales), mientras que el riesgo país alcanza su punto más alto en por lo menos cuatro años, con probabilidades de llegar a ser el más alto desde 2002 en los próximos días.
Desde el oficialismo se ensayan explicaciones que justifican la catástrofe por un encadenamiento desafortunado de acontecimientos, en los que el Gobierno no tienen ninguna responsabilidad: la gran sequía de inicios de año, la guerra comercial China-EEUU, el aumento de tasas de la FED, el alza del precio del petróleo o el impacto político internacional de la “causa de los cuadernos”.
No se mencionan elementos como el peso tremendo del endeudamiento en moneda extranjera sobre la capacidad de maniobra internacional respecto de los shocks externos, el descontrolado stock de Lebac motorizado por el BCRA, la liberación total del mercado de cambios, la vía libre a la bicicleta financiera y la fuga de capitales, la apertura indiscriminada de las importaciones que terminó de hundir a la industria nacional.
El parate económico que generaron estas medidas es evidente. Si hasta marzo el producto nacional crecía al 4% interanual por trimestre en adelante pasó a caer esa misma cifra, con un retroceso de la inversión de 11%. Según proyecciones oficiales, el consumo consumo privado finalizaría el año con un retroceso de 3,4% y el público con un -2%. El sector industrial retrocedería un 3% en su aporte al PBI, con apenas cinco rubros manufactureros que pudieron evitar el rojo anual gracias a los buenos resultados de inicios de año, ya que en el último trimestre las trece actividades relevadas por el Indec mostraron contracción. Así, se registró una pérdida de más de 108 mil puestos de trabajo en el sector industrial durante la gestión de Macri.
Ahora además, con la disparada del riesgo país, el Gobierno decidió paralizar los planes de obra pública basados en el sistema de Participación Público-Privada (PPP), última tabla de salvación para lograr reactivar una economía en crisis ante la retirada total del Estado de la obra pública, obedeciendo órdenes de austeridad del FMI. El impacto pleno de esta esperanza fallida en términos de actividad económica y de empleo se verá cabalmente el próximo año.
