En las últimas horas el Gobierno nacional, por medio de un decreto, oficializó el pedido de nulidad de contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, por considerarlos “lesivos al interés general”. Si se hubiera legitimado y sostenido la propuesta de cobro de peajes que las empresas concesionarias habían logrado durante la gestión de Mauricio Macri, hoy los peajes estarían un 2000% más caros.
El Decreto 633/2022 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, había sido anticipado por el propio presidente Alberto Fernández, quien explicó los convenios firmados en 2018 Macri y su ministro de Transporte Esteban Bullrich eran “contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.
Peajes: Las concesionarias serán compensadas por el Gobierno y la tarifa tendrá un aumento
El ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, que acompañó al presidente en el acto de anuncio de la decisión realizado en Casa Rosada, es el responsable de gestionar la nulidad de estos contratos ante el fuero contencioso administrativo federal, dando fin a la concesión del acceso Norte, a cargo de la empresa Autopistas Del Sol S.A. (Ausol), y del acceso Oeste, en manos del Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
En el decreto se explica: “Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida”.
Viales denuncian un “negociado” detrás de los aumentos de peajes
También se instruye a Vialidad Nacional a “interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1°”. Además se informa la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía y al de Obras Públicas.
Katopodis recordó que durante 2018, el Gobierno de Macri dictó los decretos 607 y 608 para renegociar los contratos de concesión con estas empresas, aprobando un conjunto de medidas que luego se definieron como “de vicio”, que determinan su nulidad absoluta. En esa negociación se le reconocía a las empresas una deuda que le reclamaban al Estado de más de 813 millones de dólares (USD 540.522.269,52 para Ausol y USD 272.621.570 para GCO), además de aceptar una dolarización de los contratos plenamente injustificada. También se le garantizaba a las empresas una insólita rentabilidad en dólares del 8% anual.
Trabajadores y organismos de Seguridad Vial rechazan proyecto de Facundo Moyano
“Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que luego volvieron a esas empresas”, señaló el ministro de Obras Públicas, para concluir que “en definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”. De haber sostenido estos acuerdos, hoy el peaje costaría 20 veces más en el acceso Norte y 10 más en el Oeste, llegando a valores de más de 1800 pesos en algunos casos.
“Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador”, enfatizó Fernández. Y concluyó: “El mejor Estado es el Estado que no es tonto, es el que cuida el patrimonio de todos, es el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas”.
