Desde el inicio del año 2020 se registraron al menos 18 operaciones donde un grupo multinacional decidió cerrar o vender su operación local. Esa sangría de empresas ha sido incesante y permanece aún hoy.
Estas operaciones o anuncios se concentran principalmente en los sectores de aeronáutica, textil y retail, que han sido especialmente afectados por la pandemia y por la situación de crisis económica en la Argentina que tiene su arrastre desde el 2018, con el inicio de una fuerte recesión que todavía no «despega».
Hace unas semanas fue la empresa farmaceútica norteamericana Eli Lilly la que confirmó su salida de la Argentina debido a cambios de “modelo de negocio” en el país. Eli Lilly tiene unos 34.000 empleados en el mundo y, según el gremio de visitadores médicos, unos 100 en la Argentina.
Las principales operaciones de salida incluyeron a empresas como Walmart que frente a la caída del consumo y la alta inflación buscaron otros rumbos. Algo similar ocurrió con Falabella que desembarcó en la Argentina en la década del 90 y llegó a tener diez tiendas en el país. Finalmente también retiró sus capitales y dio salida a su personal.
Latam: la aerolínea Latam Argentina, que operaba en el mercado de cabotaje, confirmó su salida del país a mediados de junio de 2020, cuando comenzó a negociar con sus 1.700 empleados. También Air New Zealand, Emirates, Qatar Airways, Norwegian, entre otras, todas con casos similares ofrecieron retiros voluntarios en la mayoría de los casos y llegaron a magros acuerdos.
Otro es el caso de BASF, que sólo se quedó con una parte de la producción, el de PPG o el de Axalta, la empresa química estadounidense, que comunicó que dejaba de producir pinturas para automóviles en la Argentina. Cerró su fábrica y las oficinas administrativas de Escobar, donde trabajaban unas 100 personas.
Glovo, Asics, HunderHarmour y Nike son otros ejemplos de reducción y transacciones frustradas, cuyo personal también fue reducido con ofrecimientos de retiros voluntarios. Hay que tener en cuenta, que en muchas oportunidades se acogen a otras modalidades de desvinculación fuera de la ley nacional, que en éste momento prohíbe la suspensión y los despidos o exige la doble indemnización.
Lo cierto es que estas empresas multinacionales en muchos casos siguen funcionando con otros satélites en América Latina o a través de ventas online y si bien reducen también el mercado laboral, no tienen una plantilla demasiado nutrida, por el contrario, es relativamente poco el personal que contratan y por momentos «poco saludables» las condiciones bajo las que contratan a su personal.
Sabido es que el 80% del empleo privado lo generan las pequeñas y medianas empresas del país, que hoy pelean por sobreponerse a una pesada carga impositiva y a una recuperación lenta y atravesada por condiciones macroeconómicas inestables e inciertas.
Por eso, si bien la desinversión en el país es un signo de alarma, desde lo laboral, es indispensable cuidar el tejido industrial local, fuente de empleo genuino y de condiciones laborales más saludables, con relaciones personalizadas y bajo las pautas de Convenios Colectivos de Trabajo establecidos de antemano.
En este contexto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, designó este lunes como secretario de Finanzas a Rafael Ignacio Brigo, en reemplazo de Mariano Sardi, quien por motivos de salud debió dejar su cargo. Los interrogantes se generan acerca de si puede existir algún recambio en las políticas de inversión y finanzas en los próximos dos años que revierta la cuestión y por el contrario, lleguen capitales al país, con vistas a generar mayor volumen de producción y empleo.
