Los aumentos de servicios públicos anunciados por el gobierno a fines de año se quedaron cortos. Al menos en el caso de la energía eléctrica, que además del 40% anunciado sufrirá otra serie de incrementos que llevarán su aumento para mediados de año al 55%, lo que viene desatando cuestionamientos de cooperativas eléctricas del interior y de diversos organismos de defensa del consumidor.
Según la Resolución 366 publicada en el Boletín Oficial, el precio mayorista de la energía sufrirá un ajuste de 26% en febrero, con un 5% adicional en mayo y otro 5% en agosto (acumulando un 39% en relación con su valor actual). Desde el oficialismo se sostiene que peso de la electricidad mayorista es de un tercio de la factura que paga el usuario final con impuestos, pero un documento de la Secretaría de Energía firmado por el ex secretario Javier Iguacel el 27 de diciembre desmiente ese dato e indica que el impacto es del 55%.
El día antes de abandonar el gobierno y ser reemplazado por Gustavo Lopetegui, Iguacel anunció que las tarifas de luz subirán en Capital y Gran Buenos Aires aumentarían un 26% en febrero, un 14% en marzo, un 4% en mayo y otro 4% en agosto.
RENUNCIÓ IGUACEL Y LO REEMPLAZA LOPETEGUI
Pero el problema es que no sólo se modificó el precio mayorista sino que también se estableció un violento aumento en el precio de la potencia que pasará de los 10 mil pesos actuales a 80 mil en febrero (un aumento de 700%), a, 100 mil en mayo y a 120 mil en agosto (un alza acumulada de 1100%). Este precio no está detallado en la factura al pequeño usuario final ya que queda a cargo de las distribuidoras, pero no hay dudas de que éstas lo trasladarán a los consumidores.
Los medianos y grandes clientes de las distribuidoras eléctricas (empresas, fábricas, etc.), sí pagan directamente por la potencia. Según fuentes oficiales, el aumento para estos sectores no superaría el 36%, pero analistas del sector alertan sobre el impacto que tendrá esto en la ya debilitada industria PyME, lo que podría redundar en más cierres de plantas.
En este sentido, ya algunas cooperativas eléctricas del interior del país se rebelaron contra los nuevos tarifazos. Carlos Ciapponi, titular de la cooperativa neuquina CALF, denunció que “el aumento determinado por Cammesa tiene un impacto tremendo, porque no solamente ha aumentado el concepto de energía sino también el cargo por potencia, el 700%, y el aporte al fondo nacional para obras eléctricas”.
Edenor y Edesur ajustan sus tarifas semestralmente, en febrero y agosto, según un índice construido por el aumento de los precios al consumidor, el de la construcción y el de salarios en el semestre inmediato anterior. Pero el aumento ya anunciado para agosto sólo parece tener en cuenta el traslado del precio de la potencia y del precio de la electricidad mayorista, por lo que se sospecha que el ajuste por inflación correspondiente a ese semestre se habría postergado para después de las elecciones, anticipando un tercer fuerte incremento antes de fin de año. A este escenario habrá que sumar posibles aumentos que definan la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que quedaron a cargo de las respectivas tarifas sociales de sus territorios.
