La decisión de suspender por seis meses la movilidad jubilatoria, a través de la ley de Emergencia Económica que impulsó el Gobierno, no cayó bien en el gremio de jubilados cuyo referente es Horacio Burgos. «Apostamos a Alberto Fernández y no cumplió lo que dijo en campaña», expresó el gremialista.
Y amplió su afirmación, diciendo que lo que se aprobó en la Cámara baja, y se discute en el Senado, es lisa y llanamente «un ajuste»: «Esto es un ajuste y lo estamos pagando, a lo mejor el Fondo sigue pidiendo la cabeza de los jubilados pero a nosotros no nos convocó nadie», aseveró el dirigente, anticipando que si no existen cambios habrá una movilización. Por lo pronto, se declararon en «estado de alerta».
Otro de los puntos en discordia es el bono de 5 mil pesos por dos meses que solo será para aquellos adultos mayores que cobren la jubilación mínima, exceptuando a muchos que también requieren la suma especial. Para Burgos, que incluso se reunió con los equipos técnicos del presidente antes de que asuma de manera formal, «el 20% es para todos y no solo para la categoría mínima, el poder adquisitivo lo perdimos todos».
Fernández escuchó reclamos y propuso terminar con las jubilaciones de privilegio
Cristian D’Alessandro, abogado previsionalista, dio su mirada acerca de la nueva normativa. Desde su visión, “no es que lo jubilados no van a tener aumentos, sino que el proyecto establece que le deja la potestad al presidente para que, en términos de esos seis meses, dé dos aumentos programados de manera trimestral, que serían en marzo y junio. Eso lo que deberían tener todos los jubilados a nivel general en concepto de movilidad”.
En este contexto, el especialista en estos temas no dejó de advertir al Gobierno en cuanto a su compromiso. “Con este nuevo sistema, por seis meses, el Poder Ejecutivo va a tener que. Digo así porque es una obligación que tendrá el presidente de dar aumento por decreto. El tema está en cuánto va a dar de aumento el presidente y de acuerdo si será en la mínima y la máxima”, afirmó.
Luego, el letrado estableció que «al ser discrecional, la injusticia que los jubilados puedan sentir se resuelve en la Justicia. Eso es lo que pueda provocar cierto tipo de alerta. Es muy aventuroso decir hoy lo que va a pasar en el mes de junio. Entonces, el Gobierno tiene la primera oportunidad hasta marzo del año que viene para ver cómo el presidente responde a los jubilados”.
“Mi opinión personal es que el presidente no cometerá error en este tema. Lo digo porque conozco el don de gente que él es, su sensibilidad social, además de las promesas de campaña y también la realidad que sufre la sociedad argentina. De todas formas, con el tiempo y con los papeles en la mano, vamos a ver si el presidente se equivoco o no”, precisó.
