El Senado de la Nación comenzó esta semana a discutir el proyecto de Ley Bases impulsado por el Gobierno de Javier Milei, pero el objetivo oficial de obtener dictamen este mismo jueves parecería estar en dudas, ya que en las últimas horas se multiplicaron los cuestionamientos al proyecto, incluso en términos formales por errores en el conteo de votos con el que llegó desde la Cámara Baja. Uno de los puntos más polémicos de la nueva norma pasa por el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI). Pese a que distintos funcionarios anticipan que les dan los números para aprobar el proyecto, el poroteo todavía sigue incierto.
Durante la jornada del martes se discutieron en comisiones aspectos sobre el proyecto de Ley Ómnibus, mientras que este miércoles se analizó el capítulo fiscal, que propone diversas modificaciones impositivas. El oficialismo busca un tratamiento exprés para tener un dictamen este mismo jueves (día del paro general de las centrales de trabajadores) y llegar al debate en el recinto el próximo 16, pocos días antes de la reunión (aún incierta) del llamado Pacto de Mayo, que Milei quiere llevar adelante el próximo 25 de mayo con los gobernadores que apoyen sus iniciativas. Más allá de posibles cambios de último momento, la bancada de Unión por la Patria, que cuenta con 33 votos (a sólo 4 del quórum propio) ya anticipó su oposición en bloque.
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El titular de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, denunció respecto del texto enviado a la Cámara Alta: “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”. La denuncia remarca “graves irregularidades en la comunicación de los textos sancionados en la sesión especial iniciada el día 29 de abril de 2024”, lo que podría trabar el avance del proyecto.
La iniciativa no sólo incluye un proyecto de reforma laboral muy regresiva, un plan de privatizaciones y la restitución del Impuesto a las Ganancias (motivos por los que representantes gremiales vienen sosteniendo reuniones con senadores para buscar que no se apruebe en la Cámara Alta) sino también un capítulo para el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer inversiones en proyectos que superen los 200 millones de dólares (especialmente vinculados a industrias extractivistas), uno de los puntos más cuestionados en el debate, por legisladores de todos los bloques (incluso oficialistas, por considerar que incluye “avances sobre facultades y derechos provinciales”.
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La apuesta oficial por la búsqueda de inversiones vinculadas al extractivismo (minería metalífera, litio e hidrocarburos, sobre todo) no sólo responde a planteos explícitos de autoridades estadounidenses que requirieron facilidades de acceso a materias primas y minerales críticos sino que, como marcan numerosos estudios contradiciendo las promesas oficiales, se trata de proyectos que casi no general empleo (o que lo generan durante breves períodos de tiempo, dejando luego severos daños ambientales).
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron que estos los beneficios previstos para empresas extractivas y la posible eliminación de fondos para políticas ambientales impactarán sobre derechos vinculados al cuidado del ambiente, la protección de los bosques y el acceso a la energía, entre otros. “Ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley Ómnibus impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de estudios de impacto ambiental ni la realización de evaluaciones de impactos ccumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor o transferencia de tecnología”, explicaron.
El marco propuesto por el RIGI se suma además a numerosas reformas vinculadas con la regulación para la producción hidrocarburífera. En este sentido, desde FARN alertaron: “Las modificaciones que se hacen sobre la Ley de Hidrocarburos van a generar más pobreza energética en la Argentina, no solamente por la falta de acceso sino también porque el acceso será muy caro”. Esta perspectiva impacta de lleno en el corazón productivo de la industria, que verá encarecerse notoriamente sus costos, agravando aún más la compleja ecuación económica actual (desequilibrio que, lejos de generar empleo, se traducirá en más despidos y suspensiones).
