Después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner instalara hace pocos días la discusión sobre la necesidad de revertir la “tercerización” de los planes sociales de las organizaciones de desocupados al Estado, distintos sectores del oficialismo comenzaron a discutir la posibilidad de avanzar con la implementación de un “salario básico universal”.
En las últimas horas, después de que un grupo de diputados nacionales alineados con los movimientos sociales más afines al Gobierno diera a conocer un comunicado planteando la necesidad de avanzar con el salario básico universal, el propio ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta reconoció que el tema “merece ser discutido”.
El funcionario manifestó: “La AUH y la política de refuerzo alimentario, que fue la Tarjeta Alimentar, y que hoy se percibe a través de la AUH en el marco de la llegada directa a cada beneficiario, marca que el salario básico universal merece ser discutido”. Luego remarcó que el gobierno “siempre está con una mesa para poder discutir políticas que vinculen a los argentinos al empleo formal y eso va a ser parte del debate en los próximos días”.
El comunicado conjunto “Por un programa de tierra, techo y trabajo” se encuentra firmado por los diputados Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho (Frente Patria Grande), Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva (CCC/PTP), Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Natalia Souto (Somos/Barrios de Pie). Las diferencias políticas entre los distintos sectores representados, con algunos más cercanos al kirchnerismo y otros alineados con el presidente Alberto Fernández, fueron dejadas de lado para rechazar los planteos de la vicepresidenta sobre la presunta “tercerización” de la ayuda social en manos de las organizaciones de desocupados.
“Los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social ya que han acompañado el acceso a la tierra, el techo y el trabajo allí dónde no había nada que tercerizar porque sólo campea la exclusión; tampoco son muros de contención para darle tranquilidad a los políticos en un sistema económico injusto dónde no entramos todos y una democracia que a veces es meramente formal”, detalla el texto. Después añade: “Queremos reivindicar la importancia de los movimientos populares en la construcción de una mejor democracia, en la organización de los trabajadores de la economía popular, en la ampliación de derechos para el sector, en creación de cooperativas y grupos de trabajo en muchas ramas de actividad”.
En el sector más propositivo del texto se plantea: “Los movimientos populares son agentes de transformación social y canales de participación popular. Consideramos que los excluidos y olvidados del campo y la ciudad requieren tanto herramientas para formalizar sus procesos de trabajo como el monotributo productivo y un Salario Básico Universal para reforzar los flacos bolsillos de más de siete millones de personas que hoy se ganan el pan trabajando, pero sin derechos ni ingresos suficientes. Tampoco podemos ser indiferentes a los más olvidados de los olvidados, los pueblos originarios, que protegen nuestra Casa Común y hoy no tienen garantizado su territorio”. Y concluye: “Estas iniciativas deben ser prioridad en la agenda legislativa de la próxima sesión porque no solamente ponen de manifiesto reclamos del sector, sino que aportan soluciones integrales a problemas que son de la sociedad argentina en su conjunto, en un camino hacia una patria sin excluidos”.
El ministro de Desarrollo Social bonaerense y dirigente de La Cámpora Andrés Larroque señaló hace algunos días sus coincidencias con el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois en su reclamo “por el salario universal”, anticipando que el monto inicial podría ser de entre 10 y 13.000 pesos por persona. Larroque además deslizó que también Cristina Kirchner estaría a favor de la iniciativa: “No quiero ser su exégeta, pero Grabois coincide en varios puntos con CFK”.
