El Gobierno quiere extender el “blindaje” antihuelga de Vaca Muerta a otras actividades

                RedacciónEDA

El gobierno de Mauricio Macri evalúa extender el acuerdo antihuelga firmado hace algunas semanas con los sindicatos petroleros en Vaca Muerta a otras de las actividades, mientras también se avanza en un plan para declarar a la explotación de la zona hidrocarburífera como política de Estado.

El tema energético y las posibilidades de Vaca Muerta serán seguramente uno de los grandes ejes de la próxima campaña electoral, centrándose en su posible desarrollo, como fuente no sólo de nuevos empleos sino, sobre todo, como atracción para los inversores internacionales y como fuente de divisas gracias a la exportación de petróleo o gas. Uno de los temas en los que se fue avanzando a nivel gremial es el de un “blindaje” respecto de posibles huelgas que amenacen con paralizar la producción. Según el senador por el Movimiento Popular Neuquino y secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, esta sería una forma de llevar tranquilidad a los inversores, garantizando que no afecten la productividad de los yacimientos ni los conflictos locales ni la adhesión a las medidas de fuerza de alcance nacional.

El insólito acuerdo, llamado “blindaje” o “marco de entendimiento sectorial”, fue una iniciativa impulsada por el propio Pereyra, que finalmente corporizó en una carta de intención firmada entre los gremios y las empresas del sector, con el aval del Gobierno provincial de Omar Gutiérrez, para evitar que paros nacionales como el del 25 de septiembre repercutan en la actividad de una de las mayores explotaciones petroleras del país, en la que actualmente trabajan más de 30 mil operarios.

El proyecto profundiza y ratifica aspectos de la adenda del Convenio Colectivo de Trabajo de los petroleros firmada en enero de 2017, especialmente en lo que hace al rol de la Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos como instancia de gestión conciliadora para evitar las medidas de fuerza. Pereyra detalló en el marco de la firma del acuerdo, a principios de octubre: “Queremos bloquear Vaca Muerta de cualquier tipo de conflicto que pudiera haber y para eso hace falta un acuerdo entre el gobierno nacional, provincial, los trabajadores y las empresas para que no se genere ningún tipo de conflicto”.

Luego explicó otro de los objetivos del proyecto, que también apunta a tranquilizar a los inversores: “Y de ese modo dar un mensaje de tranquilidad hacia afuera, hacia los inversores. Queremos firmar un acuerdo que le llegue a Estados Unidos o donde fuera, que les asegure que acá en Neuquén se vive en paz porque somos dirigentes que nos sentamos a la mesa para solucionar las situaciones”. Durante el acto de firma, insistió con que los petroleros “no son agitadores sociales”.

Los camioneros y otros gremios adheridos a la CTA rechazaron el acuerdo impulsado por Pereyra. Por otro lado, la Confederación de Trabajadores de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda), que dirige el petrolero Antonio Cassia, se encuentra en negociaciones con el Gobierno para declarar al Vaca Muerta una política de Estado, lo que también tendría efectos restrictivos sobre las libertades gremiales en el sector.

En su rol como senador, Pereyra ya confirmó que se encuentra dispuesto a votar el polémico Presupuesto 2019 presentado por el oficialismo. Los críticos del gremialista afirman que estos importantes niveles de colaboración con el Gobierno nacional también responden a presiones vinculadas a una causa judicial en curso que investiga una posible administración fraudulenta en el gremio que conduce hace 30 años.