La estrategia del Gobierno de Javier Milei respecto de las numerosas paritarias en curso pasa por frenar la homologación de los acuerdos salariales que superen el piso fijado por la cartera de Economía que encabeza Luis Caputo. Como herramienta para tratar de frenar la inflación descontrolada de los últimos meses, el funcionario busca no autorizar los acuerdos que superen una recomposición del 19% para enero, del 15% para febrero y del 12% para marzo.
Más allá del discurso oficial a favor del libre mercado, que conidera a las negociaciones paritarias como un acuerdo de partes en el que el Estado no tendría porqué intervenir, lo cierto es que se trata de una forma muy directa de tratar de pisar los salarios, algo particularmente grave en un contexto de crisis socio-económica profunda y de acelerada pérdida de poder adquisitivo de los salarios. La maniobra cobra ribetes aún más preocupantes si se tiene en cuenta que esto se hace por medio de la Secretaría de Trabajo, cartera que pasó a estar encabezada por el integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA) y abogado del Grupo Techint Julio Cordero.
Detrás de una excusa puramente administrativa (argumentando sobrecarga de trabajo de la Secretaría por las paritarias que hoy se actualizan bimestral o hasta mensualmente, cuando lo habitual es que las recomposiciones sean semestrales o anuales) la cartera viene llevando adelante la línea de acción impuesta por Caputo. Así Cordero, agente directo de una patronal como la de Techint, que se encuentra en una dura pelea contra la Unión Obrera Metalúrgia (UOM) para no reconocer los reclamos paritarios del gremio, viene negándose a homologar acuerdos como el de camioneros, alimentación, textiles, encargados de edificios, plástico, aceiteros, molineros, mineros y pasteleros, entre otros.
En el caso de Camineros, el gremio liderado por Hugo y Pablo Moyano denunció que tras lograr el acuerdo con las cámaras del sector, tres empresarios y referentes de entidades patronales de Córdoba, Santiago del Estero y Mendoza presentaron «infundadas impugnaciones intentando boicotear la homologación» del acuerdo, que fueron atendidas por Trabajo. Los dirigentes gremiales apuntaron directamente contra empresarios alineados con la dirigente del PRO Florencia Arietto, quienes por la falta de homologación oficial desconocieron el acta firmada por la Fadeeac.
En cuanto a la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) el Gobierno no reconoció las subas acordasds para los meses de enero y febrero, lo mismo que con la Asociación Obrera Textil (AOT), que había firmado aumentos con sumas de 100 mil pesos y $ 110 mil no remunerativas para enero y febrero. La Ftciodyara (aceiteros) tampoco logró que se homologaran sus acuerdos salariales ya desde fin del año pasado, la Unión Obrera Molinera (UOMA) tampoco logró que se ratificaran incrementos acordados con las cámaras FAIM, CEPA y Caena, y los mineros (AOMA) también fueron víctimas de la misma estrategia, aunque desde el gremio reconocieron que «el 99% de los empleadores paga igual» los aumentos acordados.
En off, funcionarios del sector reconocen que los únicos acuerdos que avanzan son los que se ubican en las pautas fijadas por Caputo, es decir, que no hayan excedido el límite de aumento de 19% para enero, 15% para febrero y 12% para marzo (aunque extraoficialmente algunos medios pueden marcar diferencias de uno o dos puntos hacia arriba o hacia abajo). Esta línea oficial viene empujando a algunos gremios a ni siquiera llevar los acuerdos a ser ratificados por la cartera laboral, prefiriendo garantizar su cumplimiento en negociaciones directas con las respectivas patronales.
