Rutas que estaban adjudicadas en julio de 2018 a través del régimen de participación público-privada (PPP) pasaron al Estado con sus trabajadores que, con esta determinación del Gobierno, no quedarán en la calle.
Precisamente, la Casa Rosada rescindió la concesión de 5 de los 6 corredores viales que quedaban vigentes, manteniendo el que corre por la ruta 5 desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, y que había sido otorgadas a la empresa argentina Green en conjunto con China Construction América, que evalúa presentar un esquema financiero para salvar el proyecto.
¿Cómo quedarán distribuidos los empleados? El Gobierno confirmó que toda la nómina de personal, 1741 trabajadores, quedará bajo la órbita de la firma estatal Corredores Viales. De esos, 512 pertenecen a Corredor Panamericano, luego figuran 222 trabajadores del corredor A, que va desde Las Flores hasta Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires, además de otro ramal que va de Olavarría a Mar del Plata y cuyos concesionarios eran Paolini Hermanos, Vial Agro e INC.
Asimismo, se suman 295 empleados del corredor C, que atraviesa Buenos Aires y el sur de Córdoba para llegar finalmente a Mendoza; y los 722 trabajadores que pertenecían a la autopista Buenos Aires-Cañuelas, que estaba en manos de una firma de Cristóbal López, cuyo contrato fue rescindido y luego fue adjudicada en 2018 a un consorcio integrado por Rovella Carranza.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó la tarea que se está realizando: “Nos encontramos en el proceso de traspaso de operación y en los próximos días se normalizará el cobro. Esperamos que esto ocurra en no más de una semana. Estamos terminando de armonizar los sistemas operativos recibidos con los propios. Es importante aclarar que solo está afectado el cobro, pero están garantizados todos los aspectos vinculados con la seguridad vial, auxilio mecánico, trabajos de mantenimiento, etcétera”.
