El paro de este 30 de abril se viene preparando en medio fuertes tensiones cruzadas con el gobierno y entre los distintos sectores gremiales. Desde el Gobierno nacional busca debilitar la medida de fuerza aprovechando que la Confederación General del Trabajo (CGT) no avala la medida de fuerza para amenazar a los convocantes con la ilegalización, presionar mediante conciliaciones obligatorias a los gremios más chicos y anticipar que no permitirá los cortes de calle.
Por un lado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, tomando como excusa el pedido del titular de la UTA Roberto Fernández de garantizar la seguridad de los choferes de colectivos que vayan a prestar servicio este martes, anticipó el despliegue de una importante presencia de fuerzas de seguridad para impedir los piquetes y cortes de calles, sobre todo en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro, el Gobierno podría decidir a último momento la ilegalidad de la medida de fuerza, tal como lo anticipó Estado de Alerta, aprovechando la falta de cobertura de la CGT para una medida de estas características. La ofensiva se implementaría en forma coordinada con sectores empresariales a través del dictado de una oleada de conciliaciones obligatorias para cada gremio que anticipara su adhesión al paro. El objetivo es quitarle volumen a la iniciativa del Frente Sindical por un Modelo Nacional (Fresimona) y las dos CTA mediante la amenaza de multas y sanciones en caso de que no se respeten las conciliaciones.
El Gobierno podría declarar ilegal el paro del próximo 30 de abril
Una de los sectores principales donde se aplicaría esta estrategia es en el transporte aéreo, donde se habría acordado que se pida la conciliación obligatoria con empresas como Aerolíneas Argentinas e Intercargo, además de Avianca, Andes y Latam. Lo mismo ser haría con las empresas y entes públicos que operan en las zonas portuarias. También trascendió que se intentaría una maniobra similar con las cámaras que nuclean a los bancos, para tratar de desactivar el paro de la Asociación Bancaria conducida por Sergio Palazzo. La asociación patronal de los transportistas de carga Fadeeac habría recibido una propuesta similar del Gobierno, pero la habría rechazado de plano, recordando los numerosos incumplimientos a las promesas oficiales.
Más allá de que la no adhesión de la CGT le dejó al Gobierno un flanco legal a través del que tratar de golpear y frenar la medida de fuerza de este 30 de abril, la búsqueda de una ilegalización masiva de la medida tendría consecuencias no sólo en cuanto a un mayor tensionamiento de relaciones con los gremios sino que también podría hacer objeto al Estado argentino de señalamientos y objeciones de distintas organizaciones internacionales, empezando por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
