Mientras siguen sumándose las adhesiones de gremios a la medida de fuerza nacional convocada para el próximo 30 de abril también crece la versión de que el Gobierno nacional estaría estudiando la posibilidad de declarar la ilegalidad del paro, en tanto no es promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT), que es la entidad de tercer grado con cobertura legal para convocar a una medida de ese tipo.
El paro del 30 es impulsado por el Frente Sindical por el Movimiento Nacional (FreSiMoNa), integrado por el moyanismo, la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y las dos CTAs. Desde su anuncio además ha ido cosechando adhesiones de diversas organizaciones gremiales, políticas y de movimientos sociales que comprometen su presencia para garantizar la contundencia de la medida de fuerza.
Hoy el gobierno de Mauricio Macri se encuentra en su peor momento de debilidad, fuertemente golpeado por la escalada de la crisis económica derivada de una nueva corrida cambiaria y la disparada del riesgo país en los mercados internacionales, así como por una profunda crisis política que se manifiesta en el clamor de un sector político y empresarial para que la candidata a presidenta de la alianza de gobierno pase a ser la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
En ese contexto comenzó a crecer la versión de que la secretaría de Trabajo encabezada por Lucas Fernández Aparicio estaría analizando la posibilidad de declarar al paro general como ilegal, como se hizo reciente con unas posibles medidas de fuerza de ferroviarios y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El debate sobre la potestad de convocar a una medida de fuerza nacional por fuera de la entidad madre del gremialismo es de larga data y, más allá de los considerandos legales, la respuesta en última instancia es puramente política. En los noventa, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), corriente interna de la CGT fundada en 1994 por dirigentes como Alicia Castro (Aeronavegantes), Juan Manuel Palacios (UTA) y Hugo Moyano (Camioneros), lideró a numerosos gremios en una serie de medidas de fuerza contra la política neoliberal del entonces presidente Carlos Saúl Menem. Sin embargo, a pesar de que estas medidas no contaban con la cobertura legal de la central obrera, el Gobierno nunca recurrió a la estrategia de la ilegalización.
Hoy no están claras las posibles consecuencias prácticas derivadas de la decisión del oficialismo de declarar ilegal la medida del 30 de abril, pero éstas en última instancia dependerán sobre todo de la contundencia de la medida y de las posteriores correlaciones de fuerza. Las sanciones pueden ir desde una declaración puramente formal que apenas apunte a restarle legitimidad a la protesta hasta el intento de sanciones de tipo monetario u otras consecuencias legales.
Por eso, más allá de que hasta el momento la CGT dejó clarísima su intención de no adherir a la medida, desde los gremios más combativos se siguen tendiendo puentes de diálogo en busca de torcer esa voluntad y sumarla a la lucha, no sólo pensando en el objetivo de fortalecer la contundencia del paro sino también para garantizarse una cobertura legal que impida al gobierno avanzar con el intento de ilegalización.
