El fallido intento de esta semana de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) de avanzar con la prórroga de la Ley de Biocombustibles en la Cámara de Diputados desnudó una puja entre sectores productivos que responden a las petroleras y otros que se alinean con el agronegocio, un corte que incluso atraviesa de forma transversal a los frentes políticos.
El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles (Ley 26.093), que vence el próximo mes de mayo, fue aprobada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner. La misma establece que los combustibles de origen fósil deben tener un “corte” de biocombustibles del 5%, que en sucesivas modificaciones llegó hasta la cifra actual de 12% de bioetanol para las naftas y 10% de biodiesel para el gasoil. De todos modos, estos porcentajes se fueron modificando a lo largo del tiempo, en las distintas coyunturas políticas y de precios internacionales. Los precios de estos biocombustibles son regulados directamente por la Secretaría de Energía y estuvieron congelados durante más de 10 meses después del colapso de Cambiemos en las PASO de 2019, generando una grave crisis en el sector que hoy opera 54 plantas en 10 provincias, generando alrededor de 300.000 mil empleos directos e indirectos. Estos combustibles, por otra parte, gozan de una serie de beneficios impositivos respecto de los fósiles.
Un proyecto de ley para habilitar una prórroga de la ley hasta 2024 fue votado por unanimidad en el Senado el pasado mes de octubre. Pero en los cinco meses transcurridos desde entonces, la posición del oficialismo se modificó y ahora buscará aprobar una nueva ley en vez de simplemente prorrogar la anterior. Esto viene generando conflictos internos en el Gobierno, en tanto los senadores representantes de las provincias agropecuarias exigen la ratificación de lo votado, coincidiendo con la intención de los diputados de JxC que apoyaron el fallido intento de sesión extraordinaria para convertir en ley esa media sanción de la Cámara alta.
El quórum no se consiguió, entre otros motivos, porque también faltaron a la sesión los mismos legisladores de la alianza opositora que responden a las provincias petroleras (Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz), dando cuenta de las tensiones internas que genera la posibilidad de ir hacia un nuevo proyecto. Los sectores vinculados a la producción hidrocarburífera impulsan una nueva ley (estaría circulando un borrador con la firma del presidente del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner), mientras que las provincias del norte argentino buscan la prórroga para defender el corte con combustibles derivados de la caña de azúcar, el maíz o la soja, lo que unifica a la zona norte y centro del país en la iniciativa (por eso el respaldo de los diputados cordobeses a la prórroga).
El nuevo secretario de Energía Darío Martínez dio indirectamente cuenta de este proyecto en su reciente participación en la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados, donde sostuvo que el nuevo régimen deberá adaptarse al contexto actual que es muy distinto del de la ley de origen, en 2006, cuando existía un gran entusiasmo por los biocombustibles como garantía de una “energía verde”. “Ahora la transición energética tiene otras variables”, explicó, destacando la electromovilidad, el hidrógeno e incluso al gas “como combustible de transición”. Algunos datos en este sentido también habían sido planteados por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias de este año.
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Martínez reconoció también la necesidad de hacer diferencias entre las políticas a aplicar para la producción de bioetanol basado en caña de azúcar (un producto que no tiene mercados de exportación) y los combustibles en base a maíz o soja, que tienen amplias posibilidades de reconversión. En este sentido, se sugirió que el nuevo proyecto podría apuntar a mantener una serie de beneficios oficiales para el sector, pero limitándolos sólo a los pequeños y medianos productores y excluyendo a las multinacionales exportadoras de grano. En este sentido, se anticipó la posible creación de una “Comisión multisectorial” donde se terminen de definir estos temas, con la participación de los distintos sectores.
“El objetivo del gobierno es lograr la mayor sinergia entre todas las realidades de la situación local, cuidando cada puesto de trabajo y el impacto en el medio ambiente”, manifestó el funcionario. Y concluyó: “Las decisiones que toma la Secretaría de Energía, dentro de nuestro proyecto político, priorizan el cuidado de las pymes, el cuidado y la generación de empleo, el impulso a la producción y la incorporación de valor agregado”.
