Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo denunciaron que la Resolución 76/2024 de la Secretaría de Bioeconomía, comandada por Luis Caputo, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera. Afirman que esta derogación de doce normas vigentes, que no le generaban ningún costo al Estado, “atenta contra la sostenibilidad de las especies”.
“Los trabajadores son los primeros en levantar la voz para defender el recurso natural y, por ende, las fuentes laborales y las empresas que las generan”, manifestó el titular del gremio, capitán Mariano Moreno. Y añadió: “No se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica”.
“Quitaron la pesca, pero sigue la preocupación por la delegación de facultades”
Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. También se eliminan cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.
En este sentido, desde el Centro de Patrones remarcaron que la pesca “vuelve a estar en el centro del debate sobre el futuro de la actividad, tras un nuevo embate del gobierno nacional”. “Si al gobierno esto le genera pérdidas, que lo explique, pero para los trabajadores es una nueva embestida al sector, y van por lo que no lograron con la Ley de Bases: la apertura indiscriminada del mar argentino a buques de terceras banderas con el consabido saqueo de los recursos naturales”, agregó Moreno.
El dirigente también denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo al frente de esta importante institución científica. “Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar”, explicó.
Trabajadores de la pesca cruzaron a Mondino por el plan de desregulación de la actividad
“Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones. En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar”, concluyó Moreno.
En ese contexto de ofensiva oficial, los trabajadores del sector pesquero argentino recordaron que ya la Ley Bases “presentaba un capítulo que pretendía entregar los recursos pesqueros argentinos al mejor postor mediante licitaciones públicas internacionales sin ponderar las inversiones que las empresas realicen en nuestro país ni la generación de mano de obra argentina”.
También confirmaron que “se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”. Y le solicitaron al Consejo Federal Pesquero “que garantice la continuidad del actual Régimen de CITC en las condiciones actuales para los próximos 15 años. Ello generará certidumbre para toda la cadena de valor pesquera, comenzando por los trabajadores y empresas pesqueras”.
