La muerte de Lucas Aguilar, un repartidor de una aplicación de delivery asesinado a puñaladas el jueves pasado en el municipio bonaerense de Moreno, es una muestra contundente de los riesgos a los que están sometidos los trabajadores precarizados, así como de la falta total de cobertura y protección social en la que cumplen sus labores. Más allá de los intentos oportunistas del Gobierno de aprovechar políticamente el caso o del debate de fondo sobre la inseguridad, la creciente informalidad laboral de nuestro país plantea la necesidad de soluciones estructurales para una situación que cotidianamente desprotege a millones de trabajadores argentinos.
Tras el asesinato del repartidor, que intervino para intentar frenar un ataque contra Ernesto Merollo, un vendedor callejero de alfajores que también resultó herido en el incidente, los repartidores se movilizaron para exigir justicia, denunciando un contexto laboral en el que constantemente son víctimas de robos y diversos tipos de violencia, además de los constantes accidentes callejeros de los que son víctimas conductores de motos y bicicletas, que se han cobrado decenas de vidas en los últimos años (situaciones para las que los trabajadores de las aplicaciones no cuentan con ningún tipo de cobertura de riesgos de trabajo).
Delivery fatal: Murió otro repartidor de Pedidos Ya en Rosario
Un informe de diciembre pasado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), confirma que el empleo informal asalariado aumentó un punto interanual durante el tercer trimestre de 2024, prueba de que el tema sigue siendo una problemática estructural en nuestro país. En el período, la tasa de informalidad alcanzó al 36,7% de los asalariados (casi cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia no cuentan con muchos de sus derechos laborales).
El estudio marca también que la incidencia de la precariedad laboral cuenta con marcados sesgos de género (alcanza al 38,9% de las mujeres y al 34,2% de los hombres, con sectores como el del trabajo doméstico casi absolutamente feminizado y con niveles de informalidad superiores al 76%), edad (la tasas es de 64,3% entre los 16 y 24 años, mientras que apenas llega al 27,5% entre los 45 y 64 años) y nivel educativo (el 56,4% de quienes tienen nivel educativo bajo y el 15% entre los de formación universitaria completa). Lógicamente, esto se traduce en una significativa brecha salarial, con los asalariados informales percibiendo en promedio un 46% menos que sus pares formales, lo que deriva en “pobreza laboral”, con el 63% de los asalariados informales viviendo en hogares pobres, contra un 27% de los asalariados formales (el 59% de los trabajadores informales no llega al valor de la canasta básica).
