La Confederación General del Trabajo (CGT) y distintas organizaciones gremiales a nivel nacional e internacional ya plantearon duras críticas al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Gobierno de Javier Milei se dispone a aplicar para avanzar con la reforma del Estado, que incluye varias medidas que apuntan a una profunda reforma laboral. La iniciativa, que sería detallada por el Presidente en una Cadena Nacional durante la noche de este miércoles, sería denunciada judicialmente por “inconstitucional”. Además, los gremios denuncian una paralización total de la Secretaría de Trabajo, donde no fue designado ningún funcionario con capacidad de firma, paralizando de hecho la cartera.
El cotitular cegetista y secretario General de Camioneros Pablo Moyano confirmó que la CGT reaccionará “de forma inmediata”, judicializando el DNU del oficialismo que se dará a conocer en las próximas horas (que busca una profunda reforma del Estado, avanzando con la desregulación de áreas claves y una reforma laboral de hecho): “Seguramente va a haber una reacción de forma inmediata para judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden tomar. Buscarán reformar las indemnizaciones y volver al impuesto a las Ganancias. Escucharemos lo que se anuncie y seguramente se reunirán distintas organizaciones sindicales para analizar a través de abogados y se verán las medidas a tomar”.
El Gobierno diseña un proyecto de reforma laboral, que avanzaría por decreto
El dirigente aseguró que “nadie va a quedarse de brazos cruzados mientras se van los derechos y las indemnizaciones” y confirmó reuniones con los ocho gobernadores peronistas que en la reunión de este martes con Milei se pronunciaron contra la reinstauración del Impuesto a las Ganancias. Al respecto, también anticipó encuentros con legisladores nacionales del PJ para “rechazar cualquier intento y proyecto en contra de los laburantes”.
La central gremial uruguaya PIT-CNT repudió el intento de reforma laboral por decreto, que pretende imponerse “avasallando los derechos sindicales, cuyo único fin es debilitar al movimiento sindical argentino y al movimiento social organizado, la regulación del derecho de huelga, y el ataque a la negociación colectiva son un claro intento de quitarles a los trabajadores los derechos consagrados en la Constitución argentina”.
Respecto de la inconstitucionalidad del DNU, el abogado laboralista Héctor Recalde explicó durante una entrevista radial: “Hay muchas normas que impulsa el Gobierno que abiertamente violan la Constitución Nacional. El pueblo votó a Milei, pero no para que viole la Constitución Nacional”. Y añadió: “Todo esto es muy precario, y seguramente no tienen confianza en el Parlamento. En este caso la Constitución no lo explicita concretamente cuáles son las normas que no se pueden sacar por decreto de necesidad y urgencia. De todas formas, bastaría que una cámara lo rechace como para que no tenga vigencia”.
La CGT y las dos CTA denunciaron el protocolo antipiquetes ante la OIT y Naciones Unidas
El especialista consideró que el objetivo del Gobierno de Milei es “sacarle la mayor cantidad de derechos a los trabajadores”. “De todos modos hay reacciones, porque tanto la CGT como las dos CTA están haciendo presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ante Naciones Unidas”, añadió.
Recalde también manifestó su preocupación por la decisión oficial de no convocar al Consejo del Salario: “El Gobierno no convoca al Consejo del Salario Mínimo. Eso la primera vez que lo viví fue en 1977, con Videla como presidente de facto, y me tuve que exiliar después de escribir ese artículo. Pero no hay que bajar los brazos, y acercarse con cariño a nuestra gente porque es un momento difícil, sin excluir una autocrítica de nuestro gobierno”. Esta no convocatoria también implicaría una violación a la Constitución Nacional: “El Gobierno Nacional tiene la obligación de llamar al Consejo del Salario. Eso está previsto en la Constitución. Hay una inconstitucionalidad por omisión si no se hace y hay incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
CGT rechaza medidas antiprotesta y hay preocupación internacional por avances sobre derechos civiles
Por último, los gremios manifestaron su preocupación por la paralización de hecho de la Secretaría de Trabajo (hoy dependiente del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello), ya que desde el inicio de la gestión aún no fue designado ningún funcionario con poder de firma, ni siquiera el presunto titular Omar Yasin, que en el organigrama figura como “asesor”. El sector sindical considera que este armado responde a indicaciones del ex funcionario Macrista y ex director de Recursos Humanos de Ternium Siderar (grupo Techint) Miguel Ángel Ponte, quien habría convencido a la titular de la cartera de organizar el área “como si fuera una empresa”, lo que derivó en su parálisis total. En los 10 días de la nueva gestión no se designaron veedores para las elecciones sindicales, no se certifican autoridades, no se homolgan paritarias ni se puede avanzar con cualquier trámite que implique la firma de una autoridad, ya que la única hoy en condiciones para ello es la propia Pettovello.
