Desde la Confederación de Jubilados y Pensionados (CONJUB) denunciaron que el Gobierno realizó un ajuste en discapacidad a través de la resolución 1231. De acuerdo al colectivo sindical, que lidera Pedro Ávalos, esta medida «deja sin prestaciones a las personas con discapacidad que residen lejos de los grandes centros urbanos».
«A la vez que establece metodologías unificadas en las prestaciones ajenas a las necesidades específicas de cada persona, con el miserable fin de ahorrar unos pesos en transporte, mientras en 2016 este mismo gobierno robó a la discapacidad 1.000 millones de dólares para colocarlos en bonos de la bicicleta financiera (decreto 908)», agregó.
Para CONJUB, el gesto del Gobierno tiene olor a revancha: «La reciente resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, tiene mucho olor a venganza por la derrota en las PASO, y además vulnera la ley 24.901 de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad, y a los tratados internacionales en la materia» afirmó Pedro Ávalos, que integra el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad» de CABA.
«El gobierno insiste en su ataque a las personas con discapacidad, universo que nuclea a más de 5 millones de argentinos, y ahora las personas con mayor necesidad de rehabilitación, se ven obligadas a ajustarse a solo tres sesiones a la semana, con el miserable fin de ahorrar monedas, y sin considerar las necesidades particulares de la persona en tratamiento», añadió.
“Por otro parte, en nuestras recorridas por las provincias, hemos recibido el reclamo acerca de las dificultades en inscribir y categorizar los consultorios y establecimientos que brindan estas prestaciones por la maraña burocrática que rodea el tema. Bien, en esos casos, no podrán brindarse las prestaciones ligadas al módulo de Rehabilitación intensiva porque sólo podrán facturarse una cantidad de prestaciones de apoyo, con lo cual, el niño con discapacidad o su familiar, deberá renunciar a alguna de las prestaciones, por ejemplo, de Psicomotricidad, de Kinesiología, de Terapia Ocupacional, de Fonoaudiología, etc.” remarcó Ávalos.
«Cuando las familias de personas con discapacidad apenas pueden sobrevivir, la medida implica contar con menos prestadores independientes, y tener que recurrir a centros categorizados muy costosos, donde tampoco se encuentran las respuestas necesarias, y las personas con discapacidad entran en un laberinto donde se desgastan física y anímicamente» finalizó el representante.
