La Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural (APJGAS) le reclamó al interventor del ENARGAS, Federico Bernal que regularice “el trabajo de las empresas distribuidoras de gas natural en el marco de los decretos firmados por el Presidente de la Nación garantizando el cumplimiento esencial del servicio y la integridad de los trabajadores que desarrollan tareas de riesgo para mantener el funcionamiento de las instalaciones, su operación y mantenimiento”.
En este sentido, Rubén José Ruiz Secretario General de APJGAS, tomó distancia del accionar del gremio de base de la actividad que conduce Oscar Mangone, ya que solicitó enfáticamente que se especifiquen las actividades requeridas al personal, distinguiendo en las que son de verdadera emergencia “al que los trabajadores asistirán con toda la urgencia necesaria”, de otros llamados de cumplimiento del servicio laboral como “el re seguimiento de redes, ejecución trabajos anteriormente programados, cambio de medidores, inspecciones domiciliarias y seguimiento de deudas”, entre otras.
Para el titular del gremio que representa al personal jerárquico “muchas veces se solicita la presencia de trabajadores como si el aislamiento no tuviera límites precisos y no se presentaran riesgos de contagio”. Ruiz garantizó que “los trabajadores asisten a resolver las emergencias”. Sin embargo, aclaró que “muchas veces hay un exceso al encuadrar tareas como de seguridad pública, cuando en verdad son de seguimiento cotidiano, que hoy deberían postergarse”. “Se pretende flexibilizar este contexto, amparándose en la calificación de actividades excluidas del cumplimiento del aislamiento social y diseñando formas de trabajo que ponen en peligro el combate a esta pandemia”, afirman.
“El cuadro se ve agravado” –explicita el sindicato- “en el caso de los trabajadores ilegítimamente tercerizados, que desempeñan tareas en el ámbito de concesión de las dos distribuidoras de la región metropolitana, Metrogas y Naturgy Ban, a quienes se presiona para desarrollar dichas tareas con menores estándares de protección y mayor contacto con los usuarios”.
Finalmente, se señala que la relación con los usuarios “se enrareció a partir de estas
prácticas que exceden las limitaciones impuestas por los decretos presidenciales y que
producen alarma y enojo, dado que no se originan en denuncias de los titulares del
servicio, ni avisos de moradores lindantes; sino en la prosecución de tareas regulares que
son evitables en un contexto tan peligroso para la salud como el actual”.
